La escasez de obra pública provoca un aluvión de propuestas en los concursos

La escasez de proyectos de obras y servicios de las administraciones públicas, agravada en los últimos meses por la pandemia de Covid, ha provocado un aluvión de ofertas en las contadas licitaciones que se publican. Cualquier concurso, por pequeña que sea la cuantía de la adjudicación, resulta muy goloso para las empresas, tanto contratistas como consultoras de ingeniería.

Así ha sucedido con una de las últimas licitaciones del Ministerio de Transportes en la Comunitat, en concreto, con la redacción de los proyectos de trazado y construcción de la conexión directa entre la V-30 y la A-3, una propuesta que se planteó hace años para mejorar la circulación del tráfico procedente del Puerto de Valencia y que salió a concurso el pasado septiembre con un importe de licitación de 665.953 euros. Un total de 27 empresas de consultoría son las que se han presentado, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado.

La cifra es similar a una de las últimas adjudicaciones formalizada por el departamento de José Luis Ábalos: la ampliación de la plataforma y reordenación de accesos en la N-238 entre la AP-7 y la N-340 que, por valor de 12,8 millones se ha adjudicado la valenciana Pavasal. Hasta 25 compañías concurrieron a una obra que salió a concurso a comienzos de año y cuyo proceso se suspendió por la declaración del estado de alarma.

Otra carretera, la duplicación de la N-220, generó el interés de otras 16 constructoras aunque en este caso el importe ascendía a 91 millones, que finalmente quedaron en 69,8. La adjudicataria fue Dragados (grupo ACS).

Ese aluvión de ofertas también se ha dado en la conservación y mantenimiento de la AP-7, liberalizada el pasado 1 de enero y con estos contratos todavía por adjudicar debido a un recurso presentado por la concesionaria y los sindicatos, lo que obligó al ministerio a recurrir al procedimiento de urgencia. Un año después han comenzado a resolverse las distintas actuaciones por tramos. Es el caso de Alicante, adjudicado por 9,47 millones y con 32 propuestas sobre la mesa. Al tramo de Castellón han llegado 28 ofertas; 27 en el caso de Tarragona y hay 25 licitadoras para el de Valencia, que tiene un importe de 11,8 millones.

«No se mueve nada en la obra pública. Y no todas las empresas pueden salir al extranjero, por lo que la alternativa es acudir a todas las licitaciones que surgen», lamenta el director-gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, que alerta de que los niveles de licitación están a niveles del año 1982 y que la actividad inversora del Estado ha bajado un 63,7% en un año.

En el caso de las ingenierías, el vicepresidente de Tecniberia (la asociación española de empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos), José Manuel Vacas, explica que ese aluvión se debe a un motivo histórico («el sector está atomizado») y a la «escasez de obra pública, que está en caída desde 2008».

Eso ha provocado que las empresas hayan recurrido a la internacionalización, de hecho el 70% de su cifra de negocio en el extranjero. «Las carreteras llevan muchos años en el cajón en España», lamenta Vacas que también apunta que los fondos europeos de reconstrucción no contemplen las inversiones en estas infraestructuras «a pesar de que son clave en aspectos como la cohesión territorial o la reducción de la huella de carbono».

Un aspecto que también recuerda el presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel, al tiempo que añade la seguridad vial. «La Administración está con nosotros pero en los papeles no se refleja a pesar del impacto positivo de la obra pública en la economía», resalta.