Las ITV esperan una prórroga del servicio que les hará ganar tiempo hasta las elecciones

Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, las ITV podrían alargar la gestión del servicio entre seis y doce meses y, con ello, empalmarlo con un posible cambio de color en el Consell que les permita continuar siendo concesionarias en la Comunitat.

En concreto, la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) anunciaron este martes que esperan que la Generalitat les concedan una prórroga de entre seis meses y un año por el lucro cesante forzado por la pandemia.

Este derecho, sumado a que el Consell cuenta con un calendario bastante ajustado para asumir la gestión del servicio el 1 de enero de 2023 con su empresa pública, les da papeletas para obtener dicha ampliación, que podría enlazar con un cambio de gobierno en mayo del próximo año.

Según indicó la asociación, están «a la espera de que los técnicos de la Conselleria se pronuncien sobre el tiempo que les corresponderá de facto». La asociación que integra a las siete entidades concesionarias de la Comunitat Valenciana para la ITV anunció el pasado mes de mayo que pediría una prórroga de la gestión indirecta del servicio con motivo del parón sufrido por las estaciones a consecuencia de la pandemia, ante la finalización del contrato de concesión el próximo 31 de diciembre.

Semanas antes, la Generalitat anunció la creación de un grupo de trabajo con las empresas para lograr un proceso de reversión a gestión pública «amable» a partir de 2023, cuando expira la actual concesión de 25 años, un servicio que asumirá a partir de la fecha la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles. Ahora, la asociación ha fijado en ese periodo la prórroga y se ha ofrecido a facilitar los datos que maneja a la conselleria «para ayudarles a determinar con precisión» el tiempo que continuarán prestando el servicio de la ITV en la Comunitat Valenciana más allá del 1 de enero de 2023. «Nuestros servicios jurídicos y financieros ya han delimitado esa horquilla de referencia, de seis a doce meses, en función de la singularidad de cada lote que forma parte de la asociación», comunicó el portavoz de AECOVA, Francisco Llopis.

Llopis se refiere a dos ejemplos de otras comunidades autónomas, la de Madrid y La Rioja, en los que la administración prorrogó contratos como consecuencia de los daños producidos por la pandemia por un periodo similar de tiempo.

La asociación, que llegó a acusar al Consell de falsedad documental por sus cálculos para diseñar la reversión, insiste en que las empresas concesionarias de la ITV en la Comunitat «mantienen su ofrecimiento para ayudar a la Generalitat con transparencia, lealtad institucional y vocación de servicio público». Ante esta situación, Llopis pone sobre la mesa la «solvencia técnica y experiencia en la gestión de las ITV» de la entidad.