Europa obligará a hacer la prueba de ruido de las ITV suprimida por la Generalitat

Así consta en una directiva comunitaria que marca el camino a seguir de las legislaciones de los diferentes países de la que se hicieron eco diferentes portales especializados. La conocida como directiva 2014/45/UE establece que, de alguna forma, se tendrá que analizar el ruido de los coches, tal y como se hace ahora con las motos, para esclarecer si es o no superior al permitido. Para ello se impulsará una evaluación subjetiva que en España no tenía precedentes salvo en la Comunitat Valenciana, donde sí se llevaba a cabo hasta este 2023. La misma no ha sido concretada, pero la directiva evidencia que de alguna forma se deberá evaluar el ruido de los vehículos.

Por ello, las diferentes empresas concesionarias que se han visto forzadas a retirar esta parte de la inspección creen que es innecesario este movimiento ya que en breves las instituciones comunitarias concretarán la medida expuesta en la directiva y se deberá verificar esta cuestión.

El debate sobre la necesidad o no de una prueba de estas características no es nuevo. De hecho, dentro del mismo Consell y de Compromís ha habido posturas contrapuestas durante años. Desde la Conselleria de Economía siempre han sido partidarios de suprimirla por suponer un coste extra, mientras que en la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente la avalaban para evitar la contaminación acústica. Y la medida se ha aprobado tras cambiar la consellera y varios cargos de este departamento.

Hasta el PP intentó eliminarla en su día, pero se encontró con el rechazo de los sindicatos por el impacto que suponía en el empleo. Con su eliminación las concesionarias estiman que sobran unos 300 puestos que aún tienen que ser concretados. Además, recuerdan que la modificación fue introducida a la vez que entró en vigor una prórroga y por la puerta de atrás vía ley de acompañamiento.

Desde la Unión Europea no confirman cuando será obligatoria la prueba pese a que en un primer momento se habló de 2023 o 2024, aunque varios actores admiten que será una realidad en el corto plazo. Antes se ejecutarán las reversiones que, depende del lote, tendrán lugar entre finales de febrero y principios de marzo. La nueva firma pública que depende de la Conselleria de Economía defiende que la fecha es inamovible, pero al mismo tiempo admite que no tienen preparada toda la maquinaria para poder prestar el servicio en condiciones óptimas.

Además, hay dudas respecto a dos estaciones del sur de Alicante, que eran privadas antes de que se efectuara la concesión en 1998 y que los propietarios se niegan a vender. Por tanto, todo apunta que seguirán en las mismas manos en el futuro. El problema será el servicio que dan a través de las unidades móviles.

Conforme pasan las semanas la incertidumbre se va adueñando de los 1.200 trabajadores que conforman la plantilla de las diferentes estaciones de las ITV valencianas. El tiempo pasa y, aunque reuniones con dirigentes de la futura empresa pública y otros cargos de la Generalitat tienen lugar, no se disipan las principales dudas.

Tal y como señalan de forma interna tanto representantes de CC OO como de UGT, la plantilla teme que se ejecute el ERE que afectará a unas 300 personas anunciadas por las empresas que aún dirigen el servicio al eliminarse la prueba de sonometría. Desde la Conselleria de Economía se quiere tratar de frenar la operación, pero son conscientes de que el margen es estrecho si se efectúa cuando la concesión está activa.

En una reunión el pasado lunes se expuso que ahora se está realizando la auditoria de las plantillas y que sin ella no se puede subrogar al personal, que es la principal preocupación actual. Según la Conselleria de Economía, las empresas no les están facilitando la información necesaria y subrayan que si llegado el momento las concesionarias siguen sin colaborar intervendrán las ITV.

La idea pasa por subrogar el personal con todas sus condiciones actuales, y una vez finalizada esta etapa, se negociaran las nuevas condiciones. Cuando este proceso finalice habrá grandes diferencias entre el salario de los diferentes empleados. Y es justo pagar las primeras nóminas otro punto que preocupa a la futura empresa pública que tiene muchos frentes abiertos.

Conforme pasan las semanas la incertidumbre se va adueñando de los 1.200 trabajadores que conforman la plantilla de las estaciones de las ITV valencianas. El tiempo pasa y, aunque reuniones con dirigentes de la futura empresa pública y otros cargos de la Generalitat tienen lugar, no se disipan las principales dudas.

Tal y como señalan de forma interna tanto representantes de CC OO como de UGT, la plantilla teme que se ejecute el ERE que afectará a unas 300 personas anunciadas por las empresas que aún dirigen el servicio al eliminarse la prueba de sonometría. Desde la Conselleria de Economía se quiere tratar de frenar la operación, pero son conscientes de que el margen es estrecho si se efectúa cuando la concesión está activa.

En una reunión el pasado lunes se expuso que ahora se está realizando la auditoria de las plantillas y que sin ella no se puede subrogar al personal, que es la principal preocupación actual. Según la Conselleria de Economía, las concesionarias no les están facilitando la información necesaria y subrayan que si llegado el momento las concesionarias siguen sin colaborar intervendrán las ITV.

La idea pasa por subrogar el personal con todas sus condiciones actuales, y una vez finalizada esta etapa, se negociaran las nuevas. Cuando este proceso finalice habrá grandes diferencias entre el salario de los diferentes empleados. Y es justo pagar las primeras nóminas otro punto que preocupa a la futura empresa pública que tiene muchos frentes abiertos.