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Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana es desde este 2023 un proceso más barato. El nuevo año ha supuesto la renovación de los contratos de las concesionarias y la supresión de una de las pruebas, lo que implica directamente una reducción en el coste para el usuario.
De media, el importe que tenía que abonar un valenciano hasta ahora era de 48,55 euros para los vehículos de gasolina y 55,43 para los de diésel. En el primer día de apertura del ejercicio y en adelante se restarán entre 7,43 y 11,25 euros, lo que supondrá un ahorro en plena cuesta de enero. Y será posible gracias a que ya no será necesaria la conocida como prueba de ruído o sonometría, que era una anomalía en España.
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Elísabeth Rodríguez Arturo Cervellera
La rebaja permitirá a la Comunitat Valenciana dejar de ser la autonomía con las tarifas más caras y acercarse a la media de España, aunque las empresas advierten que también conllevará despidos. Los precios han vivido una verdadera montaña rusa en los últimos meses debido a los enfrentamientos en los tribunales entre las concesionarias y la Generalitat y el proceso de reversión que está en marcha.
En marzo, la conselleria de Economía se vio obligada a subir los precios tras tumbar el Tribunal Supremo el decreto por el que se regulaban los precios y recuperarse los que estuvieron en vigor hasta 2013 y que no gustaban ni al Consell que entonces encabezaba el popular Alberto Fabra ni al de su sucesor Ximo Puig.
Al decaer el contrato y prorrogarse durante unos dos meses ahora se puede introducir esta modificación. Además, la voluntad de la Generalitat es que esta rebaja sea solo la primera de 2023 ya que a partir de marzo se pretende asumir el servicio de forma directa tras materializarse la reversión y bajar aún más las tarifas.
En el sector muchas voces apuntan a que los plazos son demasiado apurados para que este calendario sea una realidad y recuerdan que ya se aprobó una prórroga ante la evidencia de que no estaba la estructura pública preparada. Pese a ello, desde la Conselleria de Economía insisten en que habrá reversión y los partidos de izquierda lo consideran una prioridad al estar el servicio salpicado por el caso Erial que afecta al expresidente Eduardo Zaplana.
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