Expertos avalan que las VTC operen en Valencia y cuestionan las restricciones

Un informe elaborado por Gabriel Doménech Pascual, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de València (UV), y Andrés Boix, profesor titular de la misma materia en la institución, con el nombre 'Dictamen sobre el régimen jurídico de los Vehículos Turismo con Conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana, así lo afirma. En el mismo se analiza en detalle toda la legislación y la situación de un sector que en la autonomía tiene medio millar de licencias, correspondientes la mitad a Cabify –tanto de forma directa como de autónomos y empresas– y el resto a dar servicios a empresas o entidades como hospitales.

La gran mayoría están registradas en Valencia y Alicante, aunque muchas no se utilizan por las restricciones. «Hay que entender que, después del periodo transitorio que en principio termina el 30 de septiembre de 2022, los titulares de 44 licencias de VTC expedidas por la Generalitat pueden prestar legalmente servicios tanto urbanos como interurbanos que transcurran íntegramente por el territorio de la Comunitat Valenciana», remarcan los expertos, que rompen así con la otra interpretación del taxi que implicaba que no debían operar en el área metropolitana de Valencia y Alicante.

Pero el dictamen no sólo se queda aquí sino que cuestiona otras normativas municipales y autonómicas del sector y directamente las califica de «inconstitucionales». En el informe se habla expresamente de la prohibición de esperar 15 minutos para dar el servicio una vez sea contratado y que, entre otras cosas, provocó la salida de Uber de la Comunitat Valenciana. Por su parte, Cabify la esquivó con un resquicio legal de un contrato global que sólo hacía esperar al estrenar la aplicación.

Del mismo modo, cuestiona que no se permita al usuario mostrar la geolocalización del vehículo antes de solicitar un servicio o que se prohíba que los coches circulen o estacionen en la vía pública o en zonas de gran afluencia como los centros comerciales. También se censuran otras cuestiones como que se regule el sistema de descanso o que se permita a ayuntamientos como el de Valencia inmovilizar vehículos en situaciones en las que no peligra la seguridad vial, lo que ha ocasionado en los últimos años infinidad de multas, tal y como denuncian desde la patronal de VTC valenciana Moveo CV.

Se da la particularidad que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló restricciones impuestas por el Ejecutivo local de Joan Ribó y que Competencia ya ha mandado avisos a la Generalitat por su normativa y por no regular. Sin embargo, la pelota ahora está en el tejado del nuevo gobierno local de María José Catalá y del futuro Consell encabezado por el popular Carlos Mazón. Ambos deberán decidir si crean un nuevo marco normativo como el de Madrid para ser más permisivos con este servicio. Por otro lado, a nivel particular hay otra infinidad de recursos interpuestos contra la Generalitat por cuestiones relacionadas con las licencias que suelen terminar dando la razón a las empresas de VTC.

En este contexto Catalá y Mazón tendrán que tratar de atender parte de los intereses del sector del taxi, que considera que la Generalitat aún ha sido permisiva con los VTC y rechaza de frente cualquier cesión. En este sector no descartan volver a salir a las calles para presionar y señalan que creen al PP, que insisten en que en campaña les prometió que se iban a aumentar las inspección a los VTC. Queda por ver si con la normativa actual y con la lectura de informes como el de la UV o con otra.

Los profesores universitarios también realizan un análisis del impacto económico. Aseguran que pese a los impedimentos actuales el servicio da trabajo a 1.600 valencianos, genera 800 puestos de trabajo indirectos y un impacto económico de 100 millones de euros entre salarios, gastos de combustible, el pago de impuestos, seguros, etc. Además, señalan que si todos los que tienen licencia operasen este montante podría incluso duplicarse.