La factura energética del Botánico: sólo un 20% proviene de renovables

Pero también han elevado la voz de alarma otros agentes externos al Consell, como la patronal energética valenciana (Avaesen), el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogiti Valencia) y expertos de la Universitat Politècnica de València, quienes han reiterado en diversas ocasiones que la Comunitat está «muy lejos» de alcanzar los objetivos marcados para 2030. Estos objetivos obtener una capacidad de generación fotovoltaica de 6.000 megavatios (MW) y una eólica de 4.000 MW.

Y, tal y como confirman los últimos datos de Red Eléctrica, la región valenciana tiene una brecha importante hasta alcanzar esa meta. En concreto, la suma de todas las tecnologías renovables roza el 20% del total de la generación eléctrica durante los últimos años, con un predominio de la nuclear, que supera el 40%. En sólo 2022, la energía que provino de fuentes renovables se sitúa en el 14%. Esto es así pese a las innumerables declaraciones de Ximo Puig y sus socios en defensa de las energías limpias, que llegaron a ser una de sus banderas cuando accedieron al Consell.

Más datos demoledores. Desde el 2015 la potencia instalada en la Comunitat ha aumentado sólo un 20% frente al 390% del conjunto estatal. Pero, ¿cuáles han sido las causas de este avance tan lento? El principal proble ma reside en el atasco en la gestión de expedientes y se debe a dos circunstancias: escasez de personal para su gestión –una situación que el anterior Consell ha tratado de solucionar con la incorporación de más técnicos– y el choque de dos visiones diferentes sobre cómo se deben desarrollar las renovables en la Comunitat.

Por un lado, estaban los defensores de desarrollar grandes parques fotovoltaicos y eólicos y, por otro lado, una parte de Compromís –entre ellos, la anterior consellera de Medio Ambiente– abogaba por impulsar únicamente el autoconsumo a través de la instalación de placas solares en los tejados para evitar, de este modo, la instalación en zonas naturales y rurales. Estas dos sensibilidades acabaron por lastrar la gestión de los expedientes, ya que los técnicos podían interpretar de manera más o menos restrictiva una norma según la cuerda ideológica del departamento de turno.

Esto llevó a que la anterior consellera de Política Territorial, Rebeca Torró (PSPV), desautorizara a su propia directora general, Rosa Pardo (Compromís). En concreto, lo que hizo fue solicitar un informe a la Abogacía de la Generalitat para que aclarara las discrepancias que existían con el departamento de Pardo a la hora de interpretar la normativa sobre la tramitación y aprobación de parques fotovoltaicos. La respuesta de la Abogacía fue contundente: Paisaje se estaba excediendo en sus competencias y no debía exigir un estudio paisajístico a las empresas.

Otro episodio público que evidenció las fisura del Consell en este tema fue cuando Puig forzó una reunión el pasado mes de diciembre entre las consellerias implicadas para desbloquear la tramitación de un centenar de expedientes atascados que debían ser resueltos antes del 25 de enero de 2023. De aquella reunión salió el compromiso de elaborar un mapa de renovables que permitiera agilizar la gestión e instalación de los proyectos. Puig indicó que se llevaría a cabo antes de las elecciones autonómicas y municipales. Sin embargo, nada se sabe de ese mapa, por lo que ahora queda por ver si el Consell de Mazón seguirá adelante con esa idea o se quedará en una promesa incumplida.

Además de estas diferencias, hay que tener en cuenta que son tres las consellerias implicadas en la gestión de los proyectos. Levantar un parque solar de menos de 50 megavatios requiere de permisos de tres carteras –las de más de 50 MW las gestiona el Gobierno–, que son Territorio, Medio Ambiente y Economía. Pero, además, debe contar con el beneplácito urbanístico del municipio donde se quiere instalar cada proyecto.

En definitiva, las diferencias interpretativas entre técnicos de las consellerias, el choque ideológico del mestizaje y la resistencia de algunos ayuntamientos provocaron un embudo en la resolución de los proyectos, un problema que sigue a día de hoy a pesar de que cerca de 70 expedientes consiguieron salvarse 'in extremis' y llegar a tiempo al primer hito marcado por el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 25 de enero. Pero, tal y como recuerdan desde Avaesen, aquello sólo fue un parche, ya que el retraso administrativo continúa para cientos de expedientes y el reloj sigue su curso, puesto que el 25 de enero del próximo año deben estar resueltos para obtener el permiso de construcción.

El tiempo apremia y los objetivos de la agenda 2030 están muy lejos de ser una realidad en la Comunitat. Pero, es más, es que la dependencia de la energía nuclear ha aumentado. Desde que Ximo Puig accedió a la presidencia de la Generalitat en 2015, la producción de la central de Cofrentes ha aumentado al pasar de representar el 39,8% de la generación valenciana al 43,9% en todo el 2022.

Durante este tiempo apenas se han conectado a la red plantas solares fotovoltaicas. La producción solar sólo ha pasado de representar el 2,8% del total a rozar el 3%. Por su parte, la eólica también ha escalado poco, de 1.193 MW a 1.243 MW. Pero, en el caso de esta última tecnología, el escenario es aún peor, puesto que en los últimos tres años no se ha desarrollado ni un sólo parque eólico.

El balance es aún más sangrante si se compara el desarrollo de la región valenciana con el de Castilla-La Mancha. En tres semanas y media –25 días en concreto–, la autonomía vecina ha instalado la misma potencia renovable que la Comunitat en cinco años, según los mismos datos de Red Eléctrica.

Con este panorama, Mazón ha prometido que ésta va a ser la legislatura de la energía y, por su parte, Puig ha ofrecido al nuevo presidente de la Generalitat un pacto para impulsar las renovables. Ahora sólo queda ver si no se repiten los mismos errores y si las intenciones se materializan en datos.