La Feria cierra el año pendiente de liberarse de 286 millones de deuda para buscar socios

Feria Valencia cerrará el año 2019 con una nueva cúpula ejecutiva y el enésimo plazo de la Generalitat para aclarar su futuro modelo de gestión, con el que debería estar funcionando desde 2017, según el calendario inicial que pactaron el Consell, el Ayuntamiento de Valencia y la propia institución.

Una gestora de mayoría empresarial se ocupará del día a día del negocio, a modo de presidencia colegiada, mientras la Generalitat completa la asunción de la deuda de las obras de ampliación y se centra en definir el futuro modelo de explotación del negocio ferial y buscar socios privados para ponerlo en práctica. Para captar el interés de operadores capaces de impulsar el crecimiento de la Feria, se antoja crucial que se vea liberada de una deuda que hoy ronda los 286 millones de euros, según confirmaron a LAS PROVINCIAS desde la administración.

El decreto ley aprobado hace dos años por el Consell prevé que la administración autonómica libere a la Feria de una deuda financiera que ascendía a 480,81 millones –de un total de 587–, la mayoría para costear esas obras y una pequeña parte vinculada a la actividad ordinaria. A esa cuantía se sumaban 45,59 millones correspondientes a la financiación para ampliar las infraestructuras de la Institución Ferial Alicantina (IFA), que avaló el Instituto Valenciano de Finanzas en 2005.

Hasta la fecha, no obstante, únicamente ha quedado libre de deuda el recinto ferial alicantino, que compensó el agujero asumido por la Generalitat con terrenos de su fallida ampliación. En cuanto a Feria Valencia, a cierre de 2018 la Generalitat se había subrogado 117 de los 456,3 millones pendientes de amortizar de los convenios suscritos en 2002 y 2007 para financiar la ampliación, y 3,4 millones de deuda financiera vinculada a la actividad ordinaria, como acredita el informe de la Sindicatura de Comptes sobre las cuentas públicas publicado este lunes.

Tras asumir esos 120,4 millones el año pasado, junto a la totalidad de la deuda financiera de IFA, en febrero del presente ejercicio la Generalitat reemplazó a Feria Valencia en un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) del que faltaban 48,2 millones por amortizar, como refleja la memoria que acompaña a las cuentas de la Feria de 2018.

Al igual que en ejercicios anteriores, también reservó 19,4 millones del presupuesto autonómico para seguir costeando la financiación que obtuvo la Feria, con respaldo público, para ampliar el recinto expositivo, fundamentalmente intereses.

No obstante, la subrogación se atascó en la negociación con la compañía que en su día aseguró tanto la emisión de obligaciones por importe de 227,5 millones realizada por la Feria en 2002, como el primer préstamo del BEI, para cubrir posibles incumplimientos de obligaciones de pago por parte de Feria Valencia.

Al mes de dar por imposible un pacto con los bonistas y cambiar la hoja de ruta de la reestructuración ferial para forzar la conversión de la Generalitat en titular de esa deuda, la Conselleria de Hacienda anunció el desbloqueo de esa operación. La secretaria autonómica María José Mira dio a conocer antes de Navidad un principio de acuerdo con la aseguradora para subrogar la deuda de forma voluntaria, sin tener que adelantar la disolución de la entidad.

Su compromiso de concluir en enero la asunción de los 286 millones de deuda pendiente de amortizar, 227,5 de los bonistas y el resto del BEI, despeja el camino para buscar socios. A falta de negociar con el Ayuntamiento –dueño de los terrenos– cómo compensa la Feria a la Generalitat por liberarla de deuda, y entre socios de gobierno, quién controla la futura gestora. El PSPV da por segura la mayoría privada, para que no afecte al déficit, y Compromís se aferra al control público.