Feria Valencia pone fecha a su disolución para impulsar la nueva empresa pública

El comité ejecutivo de Feria Valencia ha aprobado una hoja de ruta para finalizar la transformación de la entidad en una empresa pública. Para poder cerrar este proceso, que se ha alargado durante años, el paso fundamental será la disolución del antiguo recinto, que estaba en un limbo legal entre lo público y lo privado, para así impulsar la nueva sociedad que ya da sus primeros pasos.

El pleno del Consell aprobó el pasado verano la creación de Feria Valencia Sociedad Anónima y desde entonces conviven legalmente esta entidad con la antigua que nació hace más de un siglo. El calendario fija que antes de acabar el año, el 29 de diciembre, el consejo de administración de la nueva empresa autonómica se reunirá.

A partir de aquí se acelerará todo el trámite. El 28 de febrero la antigua Feria Valencia formulará sus últimas cuentas anuales y redactará el proyecto de cesión de activos y pasivos a la nueva sociedad y hará una propuesta de modificación de estatutos necesaria para culminar el proceso.

Tal y como se ha comunicado, el 2 de marzo se prevé el depósito del proyecto de cesión en el Registro Mercantil, la puesta a disposición a la representación de la plantilla de Feria Valencia del propio proyecto y la aprobación por parte de la Conselleria de Economía de la modificación de los estatutos.

Una vez finalizado este trámite se convocará un nuevo patronato, en este caso extraordinario, para el día 10 de marzo. En el mismo se aprobará el acuerdo de cesión y el de disolución sin liquidación de Feria Valencia.

El 13 de marzo se publicará en el Borme el acuerdo de cesión y se abrirá un plazo de un mes para que los acreedores puedan ejercer su derecho de oposición. Y una vez pasado ese plazo, el 14 de abril será la nueva empresa pública la que tenga que aceptar la cesión por parte de Feria Valencia. Por último, el 17 de abril está prevista la escritura de cesión ante notario.

Esta refundación se ha dilatado años en el tiempo debido a las dificultades legales para que la Generalitat asumiera la enorme deuda que arrastraba el recinto desde su ampliación. Además, en el seno del Botánico ha habido diferencias sobre el modelo de gestión y posiciones enfrentadas entre PSPV y Compromís.

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