El PSPV cuestiona la gestión de Compromís en la reversión de las ITV valencianas

Desde el PSPV están a favor del fondo, de que este servicio pase a manos públicas después de algo más de 25 años en manos privadas y tras verse salpicado por el caso Azud en el que está imputado el expresidente Eduardo Zaplana, pero no de las formas. Consideran que se está actuando con precipitación y sin seguir la hoja de ruta marcada por parte de la consultora externa que realizó el informe que sirvió de base para la reversión hace casi dos años.

Los altos cargos socialistas de áreas económicas son los que más han exhibido sus discrepancias en reuniones internas como las de la nueva sociedad pública que gestionará el servicio. Ven con recelo la precipitación con la que se están haciendo procesos que deberían haberse hecho hace meses y que están viendo la luz a pocos días de que se materialice una reversión cuya primera tanda tendrá lugar este viernes y la segunda la próxima semana.

Para empezar, la empresa fue creada en julio pero no contó con director general hasta que a mediados de noviembre se nombró a un alcalde de Compromís. Y hasta que no se asentó no se pudieron tratar cuestiones capitales.

Más allá de este punto no gustan cuestiones como la auditoría de personal, que fue una de las condiciones que puso el pleno del Consell para acometer la reversión, y que es uno de los puntos que más ampollas ha levantado. La misma no cuenta ni con la firma del experto externo contratado para asesorar en la transición del servicio a manos públicas y, tal y como ha podido comprobar este diario, tampoco detalla los puestos de trabajo de todas las estaciones por falta de información.

Otro asunto conflictivo ha sido la falta de previsión respecto a los contratos de suministros. Los relativos a la luz, el agua, las comunicaciones, la cartelería, los servicios de prevención de riesgos laborales o los seguros no han seguido los cauces habituales para la Administración y no se han podido licitar a tiempo, por lo que se recurrirá a los denominados enriquecimientos injustos.

Sin embargo, ni estas críticas ni la campaña en contra organizada por las empresas concesionarias han tenido ningún impacto en los dirigentes de Compromís, que no han querido explorar la posibilidad de aprobar una prórroga para que todo el proceso quede más atado. El propio Rafael Climent, conseller de Economía, admite en público que habrá problemas, pero lo achacan todo a la falta de colaboración de las empresas y nada a la gestión de su departamento.

La Conselleria de Economía ya se vio obligada a aprobar una prórroga de unos dos meses el pasado diciembre ante la evidencia de que la maquinaria pública no estaba lista, aunque en este caso lo vincularon a una compensación de las empresas por la pandemia. Pero este plazo extra no ha servido para dejar todo listo y se repiten errores como la falta de citas previas en las estaciones más demandadas que ya llega a casi la totalidad de las plantas.

Pero en Compromís no querían arriesgarse a una prórroga más, ni aunque fuera reducida, por el calendario ya que las elecciones autonómicas del 28 de mayo están a la vuelta de la esquina y no querían dejar de cumplir su promesa electoral que fue plasmada en 2019 en el pacto de Gobierno. Aunque la realidad haya sido que casi la totalidad del proceso se ha impulsado en los últimos meses pese a haber tenido cuatro años para hacerlo correctamente.