La Generalitat tiene que devolver hasta 85 millones de euros en avales a las renovables

En concreto, la Generalitat tramita la devolución de hasta 85 millones de euros por la cancelación de avales. Según explican desde la Dirección General de Industria, esta cantidad corresponde a 88 expedientes en tramitación, entre los cuales hay tanto devoluciones firmadas como otras pendientes de valoración y estimación. No obstante, según señala el presidente de la patronal energética de la Comunitat (Avaesen), Marcos Lacruz, la tramitación de estas solicitudes «es muy sencilla» y asegura que otras autonomías tardan 15 días en responder.

Por contra, en la Comunitat las empresas esperan hasta más de un año para recuperar el dinero depositado a la Generalitat. «Esto, además de que va sumando costes por los intereses que hay que pagar al banco por los avales, supone en muchos casos tener bloqueada la actividad», explica Lacruz. Y es que, el número de avales concedidos por empresa tiene una limitación, por lo que si una compañía ha alcanzado su tope, debe esperar a que la Generalitat libere los avales cancelados para poder obtener la liquidez necesaria para continuar con su actividad.

Es lo que le sucede a la firma Solar Global, que cuenta con 15 megavatios en tramitación, donde ha invertido 600.000 euros sólo en avales. Según denuncia, perdió el punto de conexión de varios proyectos por demoras de la Administración, de modo que solicitó la devolución de los avales. «El tiempo que tiene la Generalitat para devolverlos es de tres meses y en un proyecto llevo esperando un año. Al perder el punto de conexión debo buscar otro alternativo y pedir autorización y de nuevo depositar el aval, pero mientras no me devuelvan el anterior yo no puedo seguir poniendo dinero», cuenta Ana Pérez, gerente de proyecto.

Independientemente del debate sobre la ubicación de las renovables y los criterios medioambientales y paisajísticos que se deben seguir –una cuestión que mantiene ralentiza la elaboración de un mapa de renovables consensuado entre las diferentes consellerias–, hay una realidad ajena a esta cuestión y es que la lentitud administrativa golpea el balance de las pymes.

Cuando una firma solicita el aval, debe esperar que la Generalitat valide que ha sido correctamente depositado, lo que suele registrar una demora de cinco meses de media. Luego, la empresa debe presentar el aval a Red Eléctrica o a Iberdrola junto al contrato del suelo y el proyecto. Estas compañías tardan de media un mes en contestar si conceden o no el punto de conexión solicitado. En caso negativo, la promotora solicita la devolución de los avales. Es en ese proceso donde las firmas denuncian largos periodos de espera por parte de la Generalitat.

La falta de mano de obra se extiende al sector de las renovables. Tal y como indica el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz, la falta de profesionales especializados en el montaje de plantas fotovoltaicas supone un problema para un sector que debe concluir sus obras antes de 2025. «Hacen falta electricistas, estructuristas, albañiles, ingenieros, grúas...y habrá problemas porque todos los necesitarán al mismo tiempo porque el plazo para construir es de dos años», cuenta Lacruz al mismo tiempo que advierte sobre el atasco y encarecimiento de las obras, debido a que el retraso en la tramitación provocará un cuello de botella en la construcción de estos proyectos.

Además, cada vez más voces del sector muestran su inquietud por el desarrollo de los proyectos de renovables, tanto en la Comunitat Valenciana, como en otras regiones. La ampliación que realizó el Gobierno para que los proyectos llegaran al primer hito de la tramitación, que se cumplió el 25 de enero, se realizó a costa del periodo de construcción y conexión, ya que el tiempo total que tienen estos proyectos para estar en marcha se mantuvo en los cinco años decretados desde 2020. Ante esta situación, son varias las empresas que han mostrado sus dudas sobre la posibilidad de que numerosas plantas estén construidas y activas antes de 2025. En el caso de la Comunitat, en lo que va de 2023, la Generalitat sólo ha publicado siete resoluciones de construcción. Por otro lado, aún sigue pendiente el mapa de renovables anunciado por Puig en diciembre.