La Generalitat da 15 días a Intu para aportar un millón de euros y avanzar con el proyecto

La Generalitat ha dado una nueva vuelta de tuerca a la relación con los promotores del macrocentro comercial Puerto Mediterráneo en Paterna y ha lanzado un ultimátum de dos semanas para que la empresa haga un movimiento que confirme el interés en seguir con un proyecto al que prevé una inversión superior a los 850 millones.

Así, la Conselleria de Política Territorial ha enviado este miércoles un nuevo requerimiento a Intu Found Valencia SL para que deposite, en un plazo de 15 días, la garantía de un millón de euros que se requiere para volver a realizar una evaluación ambiental del proyecto del macrocentro y continuar así con la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE).

Este requerimiento se produce después de que el pasado julio, el Tribunal Supremo rechazara el recurso de la Generalitat contra la sentencia del TSJ de la Comunitat (emitida en 2019) que anulaba la resolución de 2016 de la Conselleria de Obras Públicas, que denegaba la propuesta de la ATE Puerto Mediterráneo y pedía al gobierno valenciano un nuevo informe ambiental, por lo que el procedimiento volvía a la situación anterior a la resolución de la conselleria.

Por ello, de cara a la realización de esa nueva evaluación ambiental, Intu debe volver a aportar la garantía de un millón de euros que establecía el acuerdo del Consell de 2013 que declaraba el proyecto como ATE, y que había sido retirada, para continuar con su tramitación. En este escenario, el departamento de Arcadi España ha enviado un escrito a Intu para que aporte la garantía. De lo contrario, «se producirá la caducidad de la ATE, entendiendo desistida la solicitud de la empresa», explicó la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo.

De hecho, no es la primera vez que se solicita esta garantía ya que el primer plazo para depositarla vencía el pasado día 5 y no se ha satisfecho. La mercantil propuso entonces dejar como garantía unos terrenos en lugar del importe económico, pero Pardo detalló que la ATE se regirá por la Ley de Contratos y ésta no permite aportar una «garantía hipotecaria». Por tanto, debe ser económica o con aval bancario.

El movimiento de la conselleria se produce después de conocerse que el TSJCV ha tumbado la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la compañía contra la Generalitat, que no tendrá que abonar a Intu una indemnización de 284 millones en concepto de lucro cesante y daño emergente.

Ante esta sentencia, la promotora del proyecto trasladaba este martes al Consell de forma pública su interés en que se continuara la tramitación de la ATE a tiempo que aseguraba que se reserva el derecho para ejercitar «cuantas acciones legales correspondan» en el caso de que se le impida o dificulte avanzar en él. La empresa no emitió ayer valoración sobre el requerimiento.