El TSJCV da la razón a la Generalitat y no tendrá que pagar 284 millones a Intu

La resolución, fechada el 28 de abril, recoge que la empresa Intu Found Valencia S.L. alegó ante los magistrados «un funcionamiento anormal e irregular de los servicios públicos por dilaciones e irregularidades injustificadas y por la adopción de resoluciones contrarias a derecho» en referencia a todos los frenos con los que se ha ido encontrando la iniciativa que terminó bloqueando la Conselleria de Obras Públicas que lideraba el PSPV y que rechazaba especialmente la Conselleria de Economía y dirigentes de Compromís. Por ello, la firma reclamaba casi 284 millones de euros, en concepto de lucro cesante y daño emergente. La abogacía de la Generalitat defiende que no cabía una indemnización debido a que se reclamaban «unos hipotéticos daños futuros» por un centro comercial que no ha visto la luz. Y el TSJCV ha aceptado, finalmente, sus argumentos.

«En consecuencia, no se acredita que los daños y perjuicios que manifiesta haber sufrido (por daño emergente y por lucro cesante), sean consecuencia de la actuación global administrativa», según destaca el tribunal que rechaza todos los supuestos planteados.

El tribunal autonómico recoge que «no aprecia» que haya existido retraso premeditado por parte del Consell durante el proceso de validación de la obra, dada la «complejidad» de dicha intervención. «No se aprecia la existencia de dilaciones indebidas o de evasión de poder atendiendo a la complejidad del procedimiento y a la necesidad de ir solventando las cuestiones que se han planteado a lo largo de los años», recoge la resolución judicial. El proyecto se presentó como Actuación Territorial Estratégica (ATE). El Gobierno valenciano consideró que no cubría todas las garantías necesarias durante el proceso ya abierto y el encontronazo entre promotora y administración derivó en una larga batalla judicial. El impacto que la construcción tendría en el medio ambiente siempre ha sido el foco del asunto.

El TSJ anuló en 2019 la denegación de Vivienda, dando la razón a los promotores, y obligó a realizar un nuevo informe de impacto ambiental al considerar «insuficiente» la memoria aportada. La sala ordenó incluir una nueva serie de criterios en ese documento basados, precisamente, en dicha repercusión.

Durante este tiempo, el alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo, siempre ha defendido las bondades de la apuesta inversora en relación, sobre todo, a la creación de puestos de trabajo.

Ahora, con este fallo, el tribunal recalca que «no se acredita que los daños y perjuicios que manifiesta haber sufrido (por daño emergente y por lucro cesante), sean consecuencia de la actuación global administrativa por cuanto la ATE va a continuar con su tramitación, conforme a lo resuelto por esta sala».

Por ello, rechaza «la reclamación por lucro cesante», pues no se acredita «la imposibilidad de materializar la actuación pretendida urbanística a causa de la resolución denegatoria», como sostiene la parte actora.

Se trata de un proyecto que plantea una actuación «multifuncional» que incluye usos comerciales, hoteleros y de ocio «de ámbito de influencia regional y de fuerte impacto en cuanto a generación de rentas y empleo para el conjunto del territorio, localizado en uno de los ejes estratégicos del área metropolitana de Valencia».

El fallo recalca que no aprecia la existencia de «dilaciones indebidas, o de desviación de poder, y ello atendiendo a la complejidad del procedimiento». La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El mega centro comercial y de ocio en Paterna requería una inversión inicial de 860 millones de euros y planteaba la creación de de 5.000 puestos de trabajo y más de 3.000 empleos durante la fase de construcción.