La Generalitat no podrá revertir dos estaciones de ITV y busca fórmulas para que operen

Este fue justo el tema que estuvo encima de la mesa en la reunión que mantuvieron ayer dirigentes de la Conselleria de Economía y la firma pública con los representantes de las estaciones de Orihuela y Torrevieja. Por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo pero las dos partes saben que están condenadas a entenderse de alguna forma ya que, a diferencia del resto de estaciones, no se podrá asumir su gestión a partir de finales de febrero o marzo.

Sobre la mesa hay diferentes opciones. Algunas son bastante drásticas como la posibilidad de expropiar las instalaciones o directamente no renovarles la licencia para operar. La primera resultaría difícil de justificar mientras que la segunda generaría futuros dolores de cabeza a la administración pública ya que los ciudadanos de localidades de la Vega Baja tendrían que desplazarse hasta Alicante y recorrer una hora en coche para poder pasar la prueba que es obligatoria para circular. Por ello, a priori, se descartan.

La otra opción sería buscar algún tipo de colaboración para que las empresas privadas siguieran ofreciendo el servicio en estas localidades pese a que en el resto se gestionase de forma pública. Un acuerdo de estas características –pero a la inversa– ya fue posible hace 25 años cuando fueron aprobadas las concesiones que ahora caducan. Por el momento, todo apunta a esta opción. Pero quedan puntos que concretar porque no se quieren generar diferencias entre los trabajadores de diferentes estaciones, tal y como existen en la actualidad.

Este es solo uno de los frentes que tiene la Conselleria de Economía abiertos en su misión de aprobar unas reversiones que ya se retrasaron de finales de 2022 a febrero y marzo de este ejercicio. Entre otras cosas, los contratos de suministros que llevaron a que se dejasen de dar citas para la revisión, que es otro de los asuntos que se ha tratado en las reuniones de los últimos días.

El objetivo de la empresa pública que encabeza Josep Antoni Albert sigue siendo mantener las fechas actuales, pero las concesionarias dudan de que eso sea posible y piden que se haga «una transición tranquila». Lo primero que debe finalizarse para tratar de alcanzar este objetivo es la auditoría de las diferentes plantillas que en el departamento esperan que sea una realidad en los próximos días.

Por su parte, las empresas que dejarán de ofrecer el servicio preparan acciones legales en el enésimo enfrentamiento con la Generalitat. La última novedad que les ha llevado a movilizarse es la supresión de la prueba de ruido que pedirá en un futuro Europa, pero que ahora permite bajar el precio de las tarifas. También ingresar menos a las firmas y plantear despidos.