El Gobierno acaba con un año de bloqueo político a las obras de la ampliación norte del puerto de Valencia

Este trámite administrativo, que es necesario dado que el importe de la obra pública supera los 12 millones, supone poner fin a un año de bloqueo político, dado que el proyecto ha estado paralizado en el Consejo de Ministros desde el pasado enero tras haberlo remitido, a su vez, la APV una vez obtuvo el informe favorable de Compatibilidad con la Estrategia Marina de la Dirección general de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Era finales de noviembre de 2022 y, unos días más tarde (2 de diciembre), el consejo de administración de la APV, reunido de forma extraordinaria, aprobaba el proyecto con dos votos contrarios (los de los representantes de Compromís, uno de ellos, el exalcalde Joan Ribó).

Enviado unas semanas después al Consejo de Ministros para la preceptiva autorización –que el entonces presidente de la APV, Aurelio Martínez, confiaba en que se resolviera en un par de meses–, el proyecto nunca entró en el orden del día de la reunión que se celebra en la Moncloa debido al veto de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que entonces representaba a la cuota de Podemos en el Ejecutivo central. Así lo denunciaba públicamente el pasado marzo el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y ya en plena campaña electoral del 28-M la propia Díaz se pasaba por Valencia para visitar las playas del sur y la Albufera en compañía de miembros de la Comissió Ciutat-Port, que hoy también estarán en el Edificio del Reloj de Valencia para mostrar su rechazo a las obras que permitan concluir la ampliación norte.

Es el comité de bienvenida que se encontrará el ministro Puente en su primera visita a Valencia, donde dará más detalles de la noticia que tanto la Autoridad Portuaria como todo el sector, además de MSC –cuya filial TIL es la concesionaria para la explotación de nueva terminal–, esperan desde hace un año. Ya lo decía el martes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el transcurso de la cumbre entre la Comunitat y Madrid cuando fue informado de la visita: «No contemplo otra opción que venga y diga que el Consejo de Ministros va a autorizar las obras».

De hecho, la APV que preside desde hace unos meses Mar Chao ha adelantado su copa de Navidad a esta jornada (en vez de celebrarla la próxima semana, como estaba previsto) y a ella también asistirá el ministro, además de Mazón y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Junto a ellos, una amplia representación de la comunidad portuaria y logística y de organizaciones empresariales, que tendrá ocasión de trasladar al nuevo titular de Transportes sus reivindicaciones y preocupaciones, como la situación de la ZAL, el acceso norte o el impacto de las ecotasas europeas. Algo que no pudieron hacer en Valencia con la anterior ministra, Raquel Sánchez, que nunca visitó el puerto durante su mandato.

Con el desbloqueo del proyecto por parte del Gobierno central, la APV ya podrá dar los siguientes pasos administrativos. Por un lado, la licitación de las obras pendientes, cuyo coste se actualizó la semana pasada debido al incremento de costes, pasando de los 542 millones previstos inicialmente a los 660,38 millones. Esa inversión se destinará a completar la segunda fase de la ampliación norte, que quedó pendiente de concluir en 2012 –así lo recuerda una placa en el dique de abrigo– tras una inversión de 211 millones, de los que 74 procedían de fondos europeos.

El dragado del terreno, unido a la construcción y el relleno del nuevo muelle de contenedores, representan aproximadamente el 90% del presupuesto de ejecución material del proyecto, según la información que facilitó la APV el año pasado. Se trata de la parte de obra civil que debe ejecutar el propio puerto y la previsión es que los trabajos se prolonguen cinco años por lo que, al menos hasta 2028, no sería una realidad la terminal norte.

No obstante, será MSC quien tendrá que confirmar las fechas de la entrada en servicio del nuevo muelle que, en cualquier caso, estará muy lejos de la fijada en la oferta que la APV seleccionó en septiembre de 2019 y que suponía que la primera fase estaría en servicio en 2025.

Por otro lado, la APV podrá resolver de forma definitiva la concesión provisional que tiene TIL, que prevé invertir 1.021 millones en la terminal. La filial de MSC presentó la única oferta para explotar este espacio, que fue aprobada hace más de cuatro años sin que todavía se haya producido el otorgamiento definitivo debido a la situación de bloqueo por toda la disputa política, tanto en el seno del anterior Consell (PSPV, Compromís y Podemos) como en el Ejecutivo central, con el rechazo de Podemos.

Esa inversión millonaria también tendrá que actualizarse como avanzaba recientemente el presidente de MSC en España, Francisco Lorente, que incluso apuntaba a los 2.000 millones por el incremento de costes. Una vez la nueva terminal esté operativa, el puerto aumentará hasta un 70% su capacidad, al pasar de los 7,5 millones de TEU actuales hasta los 12,5 millones; creará más de 5.000 nuevos empleos; o situará el impacto económico del puerto en el 2,27% del conjunto de la Comunitat (en términos de valor añadido), según un informe del Instituto de Transporte y Territorio de la UPV.