Grand Coral provocó un agujero de 750 millones a Bancaja y Banco de Valencia

Los peritos del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional han cuantificado el impacto que la inversión en el proyecto mexicano de Grupo Grand Coral tuvo para Bancaja y Banco de Valencia. En un informe con fecha del pasado 3 de julio y que ya está en poder del juzgado, la operación significó un perjuicio económico de 750 millones de euros. El documento suma tanto la participación de las sociedades inmobiliarias de la caja y el banco en el grupo como «los numerosos préstamos y líneas de crédito concedidos a sociedades del Grupo Grand Coral».

Según el documento, se perdió tanto el dinero que se destinó a tomar participación en las sociedades del proyectos como a los préstamos, ya que fueron impagados. Los peritos señalan, además, que con la desinversión de los activos inmobiliarios que ordenó la Comisión Europea a cambio del rescate, los empresarios valenciano acusados de organizar este presunto fraude a las entidades, Juan Ferri y José Baldó, contaron con una posición de ventaja que les permitió no pagar las sumas recibidas.

Para poder cuantificar la responsabilidad civil en un futuro escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido también a Bankia que cuantifique si ha sido posible recuperar parte de esos 750 millones y en que forma y condiciones se ha producido esa recuperación de fondos, en el caso de que la haya habido.

La investigación del caso del Grupo Grand Coral es una de las causas en las que se investiga al expresidente de Bancaja y de Banco de Valencia José Luis Olivas. De hecho, fue por la que se le detuvo en 2015 junto a su sucesor al frente de Bancaja y antes director general, Aurelio Izquierdo; la «mano derecha» de este y ex director general adjunto, José Cortina; el ex miembro del comité de inversión inmobiliaria de la entidad, Rafael Codoñer; el que fuera consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra; y los empresarios Ferri y Baldó.

Según la juez instructora Carmen Lamela, sin «la necesaria connivencia» de los cinco directivos no habría sido posible la trama que presuntamente urdieron los empresarios para estafar a las dos entidades financieras con varias compraventas de terrenos. Por ello les imputa los delitos de apropiación indebida, estafa, corrupción entre particulares y también administración desleal, de cuya comisión aprecia ya «serios indicios».

Las operaciones por las que se les acusa fueron denunciadas a finales de 2013 por los actuales gestores de Bankia (de la que formaron parte ambas entidades, si bien el Banco de Valencia fue intervenido en noviembre de 2011 por el Banco de España y luego traspasado a La Caixa), que tuvo que ser rescatada por el FROB, inyectándole más de 22.400 millones de euros.

Las acusaciones se centran en la llamada 'Operación Emerald', que consistió en la adquisición de dos fincas en el territorio mexicano de Baja California, pero que previamente habían sido tomadas por Ferri y Baldó a un precio bajo sin conocimiento de sus socios financieros. La compra posterior por parte de una sociedad mixta con Bancaja y Banco de Valencia les proporcionó una plusvalía de 138,8 millones de dólares (unos 122 millones de euros).

Los dos habrían repetido esta práctica con el apoyo de la cúpula de ambas entidades -que hizo caso omiso, según el juez, del «malestar» y las «quejas» manifestadas por directivos de tipo medio ante los «continuos excesos» que apreciaban en esas operaciones. Izquierdo y Parra habría recibido parte de las ganancias, según concluyeron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Otros, en apariencia, se habrían «conformado» con los viajes a Cuba financiados por los dos empresarios que, según el juez, «difícilmente podrán ser explicados como desplazamientos de negocios».

Tan o más sospechoso resulta el hecho, también incluido en el informe pericial, que Grand Coral, dedicado en teoría a construir hoteles y viviendas de lujo en la costa mexicana, utilizaba para sus operaciones financieras sendas sociedades instrumentales radicadas en Holanda que no realizaron «ningún tipo de actividad inmobiliaria» que supuestamente sirvieron para el desvío de fondos y el pago de comisiones.