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El transporte público afronta días complicados en las próximas semanas con las convocatorias de huelga anunciadas tanto en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ... como en Adif y Renfe a nivel nacional, y que tendrá repercusión en el núcleo de Valencia. Unos paros que, además, serán coincidentes en dos jornadas en plena semana fallera, en concreto, los días 17 y 19 de marzo.
Por un lado, el calendario de FGV, donde el comité de empresa ha desconvocado el paro previsto para este viernes, 7 de marzo, coincidiendo con una reunión prevista con la empresa con el «ánimo de acercar posturas que faciliten un acuerdo» para anular la huelga que se desarrolla desde hace un mes, en concreto desde el 7 de febrero.
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Ese primer calendario incluye paros los días 8, 9, 11 y 14 de marzo, que por ahora se mantienen. De ahí que el comité de empresa ya haya comunicado a la Dirección General de Trabajo la ampliación de la convocatoria, con nuevas jornadas de huelga, por si no se alcanza un acuerdo con FGV (empresa pública que depende de la Conselleria de Infraestructuras).
Así, los nuevos paros en el metro y en el tranvía se realizarán los días 15, 16, 17, 18 y 19 de marzo, en plenos días grandes de Fallas y en horarios que coinciden con actos como la mascletà, la Ofrenda o el castillo. Además, hay paros programados para el 26 de marzo y para el 2, 9, 16 y 30 de abril (estos dos últimos en víspera de Jueves Santo y del festivo del 1 de mayo), según recoge el escrito trasladado a Trabajo.
Precisamente los días 17 y 19 de marzo el paro en FGV coincidirá con el anunciado por el comité de empresa de Renfe y Adif a nivel nacional y que, en el caso de Valencia, afectará a los servicios de Cercanías, Media Distancia y alta velocidad. De momento, no se ha hecho público los servicios mínimos ni cómo repercutirá en la oferta programada para esas jornadas.
Por ejemplo, durante el primer fin de semana fallero, Renfe programó 98 trenes especiales para facilitar los desplazamientos a a la mascletà, por lo que la oferta total fue de 444 trenes, en ambos sentidos. Y la operadora activó una campaña especial para viajar a Valencia en Fallas destinada a los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Intercity y Euromed).
¿Y cuáles son las reclamaciones que hay detrás de estas convocatorias de paros en el transporte público? En el caso de Renfe y Adif, la huelga se realizará en protesta por el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña. También se realizará los días 24, 26 (coincide de nuevo con FGV) y 28 de marzo, y el 1 y 3 de abril.
Según explicó la semana pasada el comité de empresa, el Ministerio de Transportes está incumpliendo el acuerdo firmado en noviembre de 2023, mediante el cual se puso fin a otra amenaza de paros. Más de un año después de la rúbrica del acuerdo, denuncian que el departamento de Óscar Puente «no está cumpliendo ninguno de los 15 puntos acordados». Entre ellos se prometió que los sindicatos formarían parte de la mesa de negociación del traspaso de los Cercanías catalanes y que se garantizaría la continuidad de Renfe y Adif en la prestación del servicio.
Mientras, en FGV, el principal motivo que ha llevado al comité de empresa a convocar una huelga que afectará a unos 1.300 trabajadores en la provincia de Valencia es la falta de acuerdo con la empresa pública a raíz de la modificación «unilateral» de las condiciones de trabajo fijadas tras la dana y no haber convocado el órgano legalmente estipulado para la modificación de estas condiciones.
En el escrito inicial presentado a la Dirección General de Trabajo también se denuncia la modificación de las condiciones laborales, «vulnerando la conciliación familiar», del calendario laboral del 1 de enero de 2025, ya que no se ofreció la posibilidad de cubrir el servicio con personal voluntario.
Asimismo, los sindicatos critican la negativa a la constitución de una comisión interna de investigación sobre los incidentes sufridos por el personal de FGV el 29 de octubre y reclaman la reversión de los contratos de emergencia adjudicados por la dana y que se articule una partida presupuestaria extraordinaria a fondo perdido para el personal afectado por la riada.
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