Intu Mediterrani, el gigante comercial que el Consell impidió nacer

La historia del complejo arranca en 2011. En un momento marcado por la crisis económica, el fondo Eurofund, al que se unió Intu Properties, trasladó su intención de crear el que iba a ser el hermano mayor del centro comercial del país a semejanza de Puerto Venecia, en Zaragoza. Los datos eran tan gigantescos como la obra, 800 millones de inversión y 5.000 empleos directos. La misma pretendía utilizar los terrenos frente al centro de ocio Heron City en Paterna y fue recibida con los brazos abiertos por parte de la administración autonómica que estaba entonces en manos del PP. En 2013 se hizo la presentación oficial y, junto al entonces presidente Alberto Fabra, se dieron los detalles de este macrocentro que iba a arrancar las obras en 2015 y estar listo en 2018. Para ello, se acogía a una figura como la Actuación Territorial Estratégica (ATE) con el objetivo de agilizar los plazos administrativos y hacer más simples los procedimientos. Una medida que ha dado mucho que hablar.

Pero dos años después, cuando la tramitación aún estaba en curso, tuvieron lugar las elecciones autonómicas de 2015 que terminaron con dos décadas de gobiernos populares y llevaron a la creación de un bipartito formado por el PSPV y Compromís apoyado por Podemos desde Les Corts. En las negociaciones para formar el Consell los econacionalistas liderados por Mónica Oltra lograron hacerse con una cartera de peso del nivel de la Conselleria de Economía y ahí surgieron las primeras dudas. La formación había hecho suyo el discurso de asociaciones ecologistas que defendían que ese suelo que debía ser recalificado para el proyecto albergaba el paraje natural de Les Moles y se había posicionado en contra de la iniciativa. Por su parte, los socialistas mantuvieron un perfil mucho más neutro y evitaron pisar demasiados charcos.

Una vez constituido el nuevo Ejecutivo esos discursos fueron recogidos por nada menos que el nuevo conseller de Economía, Rafael Climent, y públicamente se afirmaba que se haría todo lo posible para que el proyecto no fuera una realidad por el daño que causaría al pequeño comercio de la zona. La frase que mejor ejemplifica este rechazo fue la que compartió el entonces director general de Comercio, Natxo Costa, «Intu go home». En mitad de esta discusión, a Puerto Mediterráneo le salió un importante aliado, Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna y dirigente del PSPV, que frente a Economía aseguró que lucharía para que el gigante comercial fuese una realidad. De esta forma, esta iniciativa se convirtió en un tema de enfrentamiento entre ambos partidos de izquierdas aunque es cierto que los socialistas autonómicos no tardaron en poner palos en las ruedas al macrocentro.

Para que las obras de Puerto Mediterráneo pudieran arrancar la ATE necesitaban un permiso de la conselleria de Medio Ambiente, también dirigida por Compromís, y aquí llegó la primera traba administrativa. En 2016, la memoria ambiental impulsada por Julià Álvaro, entonces secretario autonómico de Medio Ambiente y máximo dirigente de Els Verds (uno de los partidos que forma Compromís), fue negativa y bajo este argumento la Conselleria de Territorio en manos del PSPV tumbó la ATE. Los argumentos, se consideraba que se reservaba insuficiente espacio para las carreteras CV-25 y CV-31, el impacto en el barranco d'En Dolça y que era una de las pocas zonas no urbanizadas de gran extensión cerca de la capital de la Comunitat.

Esta decisión fue el primer revés que se encontró Puerto Mediterráneo y el inicio de una batalla que saltó de la política a los tribunales después de que la empresa intentara dialogar durante meses sin encontrar una respuesta activa. Los promotores se amparaban en la jurisprudencia previa para asegurar que el trámite no se había hecho acorde a la ley y la justicia les terminó dando la razón. Aunque tarde. En 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dejó claro que el trámite no se ajustaba a derecho. Algo que ratificó nada menos que el Tribunal Supremo unos meses después.

«Ninguna de las 16 cuestiones mencionadas tienen la suficiente entidad para denegar totalmente la actuación; pero todas ellas son consistentes para imponer condiciones, restricciones y determinaciones a la actuación propuesta», apuntaba el TSJCV. Es decir, que se obstaculizó de forma premeditada el proyecto por motivos ideológicos con la única intención de ganar tiempo. Pero este litigio no fue el último ya que amparándose en estos argumentos los impulsores pidieron al Consell una indemnización millonaria de 285 millones.

De forma paralela a estos procesos que se dilataron en los juzgados varios años se apostó por renovar la iniciativa con el objetivo de que tuviera un impacto menor y que si pudiera contar con el visto bueno de la administración autonómica, tal y como había sugerido el mismo presidente Ximo Puig. En 2018 se presentó el nuevo macrocentro comercial, renombrado como Intu Mediterrani, y que redujo su superficie edificable un 25% hasta los 375.000 metros. Del mismo modo, se ofreció a la Generalitat pagar su conexión de tranvía y se hicieron gestos como planificar una cubierta verde de 85.000 metros cuadrados. Pero estas modificaciones, que luego incluso contaron con una pequeña revisión posterior, tampoco lograron satisfacer al Consell en general y a los dirigentes de Compromís en particular, que se encargaron de mantener el veto a una iniciativa que ya estaba judicializada.

El enfrentamiento con el Ejecutivo valenciano, pese a ser el gran obstáculo, no fue el único que se encontró el gigante comercial. La multinacional británica Intu, una de las dos firmas que impulsaba la iniciativa junto con Eurofund, comenzó a registrar pérdidas hasta el punto en que se vio abocada al concurso de acreedores, lo que a su vez implicó su salida de Intu Mediterrani.

En este punto, Eurofund comenzó a buscar otros socios a la espera de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del TSJCV y pudiera volver a tramitarse el centro comercial desde cero. Esta búsqueda nunca llegó a buen puerto así que los esfuerzos se centraron en el otro frente judicial, obtener la indemnización de 285 millones que solicitaban tras la primera sentencia o al menos una parte significativa de los mismos para tener un colchón con el que arrancar la obra. Pero hace poco más de un mes el TSJCV no les dio la razón en este asunto y rechazó la millonaria compensación. Eso sí, al finalizar el último frente judicial ya se podía aplicar la primera sentencia y volver a arrancar la ATE. Es decir, el mismo punto en el que se estaba en 2013.

¿Y si al final se volvió al punto de partida para qué sirvieron este sinfín de enfrentamientos políticos y judiciales? Pues para los promotores para poco excepto para evidenciar que Intu podía haber contado con problemas económicos a mitad obra pero para el Consell para mucho, porque ganaron tiempo. Mucho tiempo.

En esta prórroga de varios años se impulsaron normas como el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), que veta la existencia de centros comerciales de más de 120.000 metros cuadrados, o el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural del Turia, que protegía el espacio donde se quería edificar. Movimientos que han contribuido a que esta misma semana se haya renunciado a abonar el millón de euros necesario para arrancar la ATE y se haya puesto así el punto final al proyecto. Sus impulsores no lo quieren dar por muerto pero si revive está claro que tendrá que ser con un formato diferente y en otra localización.