Las ITV redoblan la presión a la Generalitat tras más de nueve meses de retraso en la equiparación salarial

La desigualdad salarial se deriva de que la empresa pública ha heredado las condiciones de cada uno de los ocho convenios colectivos correspondientes a las siete concesiones que operaban con la fórmula anterior, cuando los servicios los prestaban directamente las empresas privadas. El problema es que la Generalitat no ha homogeneizado los sueldos una vez constituida la empresa públicado y tras subrogar a la plantilla. Según los diferentes sindicatos, la brecha del bruto anual es de más de 10.000 euros.

«Supone cerca del 40% de diferencia y está sobre todo localizado en la provincia de Alicante. Allí se ha iniciado la huelga porque son cabeza de lanza. Aquí tenemos la huelga convocada para el día 27 de febrero, pero habrá más si no se aplica la equiparación«, advierte Pilar de Vera, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-PV. »Los trabajadores ya no pueden más. Llevan prácticamente reivindicando en la calle desde la reversión«, agrega de Vera.

Pepe Cloquell, coordinador del sector de la Administración Autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-PV, destaca que es la Generaltat «la que tiene la pelota en su tejado» y que esta decisión «no le cuesta dinero», ya que se trata de redistribuir el presupuesto de manera que todos tengan la misma retribución. «Ojalá el día 26 se abonaran las diferencias para evitar ir a huelga el próximo día 27», afirma.

Por su parte, Rosario Benítez Morón, secretaria acción sindical igualdad UGT Fica PV, destaca que la solución depende de «una decisión política». En ese sentido, recuerda que va a cumplirse un año de la nueva empresa pública y que han pasado nueve meses desde que se firmara el primer acuerdo de equiparación salarial, aunque todavía sigue en el aire de lo que va a suceder con los trabajadores temporales. «Hay un informe de la Abogacía que es clave y que nos respaldaba completamente y disipa dudas. Sin embargo, nos encontramos con informes de dos direcciones generales que no dicen ni que sí ni que no. Nos piden más documentación y mientras tanto así seguimos», denuncia.

Además, Benítez critica que la jefatura de Sitval en la provincia de Alicante no permitió el desarrollo de la huelga en la estación de Redován el pasado martes. «Obligaron al piquete a retirarse, así como quitar las banderas, además también exigieron prestar servicio a vehículos que no tenían la ITV caducada ni tenían cita, algo que no se puede hacer en servicios mínimos», asegura la dirigente sindical.

Sin embargo, desde la Generalitat desmienten esta información. Por un lado, desde la conselleria de Industria señalan que los «piquetes no están permitidos dentro de la estación, donde la Guardia Civil dio la orden de que se retirara», pero que sí podían ejercer la protesta fuera de la instalación. Además, el departamento que dirige Nuria Montes afirma que se prestaron los servicios mínimos recogidos por ley. «Se establece un orden de prioridad en la inspección, siempre sin superar el 40% de la plantilla, y eso es lo que se ha hecho», indican.