Jaque mate al campo valenciano si la UE consuma su plan de prohibir más plaguicidas

La propuesta para endurecer la actual normativa fitosanitaria tiene sobre todo dos puntos que inciden muy negativamente en el trabajo del agricultor: más reducciones de plaguicidas y nuevas restricciones de uso, que llegarían hasta la prohibición total en las llamadas zonas sensibles.

Este último punto es, dentro de todo los obstáculos que se plantean con el articulado propuesto, el más problemático para el campo valenciano, puesto que no se podrían utilizar plaguicidas de ningún tipo en el 85% del territorio, con lo que la práctica agrícola quedaría sentenciada a muerte en la mayor parte de nuestra geografía, ya que si no se pueden combatir las plagas con los medios habituales y no se ofrecen otros alternativos y eficaces, la consecuencia es la invariabilidad y el abandono de la actividad.

Las zonas que se consideran sensibles son todas las catalogadas como 'epa' (parques naturales y otras áreas protegidas) y también aquellas que albergan acuíferos subterráneos definidos como sobre explotados, o con alta contaminación por nitratos, o donde se ubican captaciones para agua potable. O sea, entre unos conceptos y otros, la mayor parte de las comarcas de la Comunitat Valenciana donde se asientan sistemas agrícolas eficaces y de exportación de los que dependen muchas decenas de miles de familias.

En lo que respecta a los parques naturales basta citar, por ejemplo, los arrozales de la Albufera y Pego-Oliva, donde no se podrían aplicar los actuales procedimientos contra plagas y malas hierbas y se resentiría gravísimamente el cultivo, hasta quizá desaparecer en gran medida. Por lo que se refiere a los acuíferos sobreexplotados o con nitratos hay que señalar que se ha ido a una política de generalizar estas problemáticas en extensas áreas, cuando la realidad es mucho más diversa, pero no se reconoce así oficialmente. En zonas de acuíferos catalogadas por entero con altos índices de nitratos o sobreexplotación hay muchas subzonas en las que, por el contrario, se registran ínfimas concentraciones nítricas, muy por debajo de los umbrales de riesgo fijados por la OMS, y los niveles freáticos permanecen inalterados desde hace décadas, incluso existen surgencias naturales que indican que las masas subterráneas del lugar gozan de perfecta salud.

En un debate sobre este asunto, entre representantes del sector agrario y de la industria de plaguicidas con Valentin Almansa, director general de Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, éste intentó tranquilizar a todos diciendo que no pasa nada preocupante y que cada país podrá decidir luego sobre lo suyo. Pero esto no tranquiliza a nadie, porque ha habido casos en los que el propio Almansa se ha alineado con la UE y no ha salido a defender peculiaridades españolas o, mucho menos, valencianas, como ahora pretende hacer ver. El director general se escuda en que «más que prohibir se trata de reducir impactos, y que vamos a trabajar para reducir el impacto...» Pero quien dice qué es el impacto y qué implica reducir impactos es la Administración, no los agricultores, que ya están bastante escamados a estas alturas como para parecer ingenuos.

Almansa reconoció que como mínimo habra mayor carga de trámites administrativos en la gestión de fitosanitarios. En la práctica esto puede representar, como mínimo, que para usos de imperiosa necesidad se tenga que pedir cada vez un permiso... hasta que la Administración diga, pasado un tiempo, que lo extraordinario no puede convertierse en ordinario... y así se van consolidando nuevas restricciones.

Por cierto, toda esta problemática afecta a todos los fitosanitarios, también a los usados en la agricultura ecológica.