La legalización de los apartamentos turísticos se atasca por las trabas administrativas

La regularización de las viviendas turísticas parece haber topado de frente con la burocracia. El portavoz de Turismo del Grupo Popular en Les Corts, Fernando Pastor, cargó ayer contra el Consell al considerar que «está dificultando la legalización» de este tipo de alojamientos debido al «colapso municipal» generado por la Ley de Turismo, que entró en vigor el pasado mes de julio y que, según Pastor, está generando confusión entre los técnicos municipales a la hora de interpretarla y aplicarla.

«Los propietarios que quieren registrar su vivienda se encuentran con que los técnicos municipales no saben cómo interpretar la ley autonómica y, por tanto, se quedan sin poder registrarla», explicó Pastor en una rueda de prensa sobre la situación de los alojamientos. «Los ayuntamientos no saben cómo emitir ese certificado de compatibilidad, lo que se traduce en que registrar un apartamento para operar de manera reglada en el mercado turístico es imposible», sostiene en alusión al trámite exigido por los consistorios para permitir el alta de pisos turísticos en el registro autonómico y, así, poder operar de manera legal.

Ante esta situación, el Consell impartirá unos cursillos en septiembre para enseñar a los técnicos municipales cómo interpretar su norma. «Es impresentable que la Agencia Valenciana de Turismo tenga que explicar su propia norma más de un mes después de que entre en vigor», sentenció Pastor, quien critica que la nueva norma autonómica genera, a su vez, 540 interpretaciones, una por cada ayuntamiento.

Por otro lado, el parlamentario popular afeó que el 75% del presupuesto para luchar contra el intrusismo siga sin ejecutarse en plena temporada alta, a las puertas de septiembre. «El Consell ha dejado perder el 75% de los fondos para luchar contra el intrusismo. Sólo se han ejecutado 178.000 de los 660.000 que había presupuestado», crítica Pastor, quien añadió que el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia en Les Corts del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, para que dé cuentas de esta situación, así como de las trabas burocráticas de los municipios.

En este sentido, instó a Colomer a hacer uso de la ley estatal para luchar contra el intrusismo. En concreto, se refirió a la reforma de la ley tributaria del Gobierno de Rajoy, que entró en vigor en julio y que obliga a los propietarios a declarar qué apartamento alquilan, a quién y por cuánto lo hacen. «Si Colomer sabe utilizar esta herramienta, es muy fácil detectar todo el intrusismo y toda la oferta ilegal de apartamentos, sobre todo si tenemos en cuenta que la Comunitat solo cuenta con doce inspectores», zanjó.

Por otra parte, también desde la Asociación de Pequeños Propietarios de Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat (Viutur) confirman la existencia de trabas administrativas a la hora de poder dar de alta este tipo de alojamientos. En su caso, sin embargo, sostienen que estos escollos son diversos y se venían produciendo desde antes de la entrada en vigor de la ley.

«El Ayuntamiento de Valencia ha estado enviando una especie de resoluciones que intimidaban a los propietarios, donde se les amenazaba con cortes de luz y retirarles las licencias», explica el presidente de la asociación, Francisco García, quien apunta a que la falta de un desarrollo municipal de la norma autonómica dificulta la expedición de los informes de compatibilidad. «Esto paraliza a los propietarios que quieren hacerlo dentro de la ley», cuenta el representante del sector.

Por su parte, desde la Secretaría de Turismo alegan que la presión inspectora ha hecho que más de 11.000 apartamentos de toda la Comunitat se dieran de alta de enero a junio. No obstante, el único dato de registros del que disponen desde que entró en vigor la ley es el de la ciudad de Valencia, donde se inscribieron 486 viviendas.

son los apartamentos que se han dado de alta entre enero y junio en la Comunitat, según Turismo, alentados por la presión inspectora. Sin embargo, los únicos datos disponibles desde la entrada en vigor de la ley son de Valencia ciudad, donde se han inscrito 486 viviendas de uso turístico.