Mollà alega contra la ampliación del Puerto a espaldas del resto de la Generalitat

Se avecina un nuevo choque entre socios de gobierno a cuenta de la construcción de la terminal de contenedores en la zona de la ampliación norte del Puerto de Valencia. Días después de que el alcalde, Joan Ribó, impusiera los votos de Compromís sobre los del PSPV para sacar adelante la exigencia de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto en el que MSC invertirá más de mil millones de euros, ha trascendido que su compañera de partido y consellera de Agricultura, Mireia Mollà, formuló esa misma reclamación a la Autoridad Portuaria de Valencia a espaldas del resto de la Generalitat.

Mireia Mollà, competente en materia de transición ecológica, ya se desmarcó hace meses de sus socios del Botánico con una carta en la que trasladó esa misma exigencia a la ministra del ramo, Teresa Ribera. Una misiva que el conseller de Política Territorial, el socialista Arcadi España, recalcó que no era un pronunciamiento del Consell.

El Ministerio de Transición Ecológica respondió que Fomento es quien debe valorar la necesidad de tramitar una nueva autorización ambiental y su titular en funciones, el socialista José Luis Ábalos, despachó la reivindicación de Compromís al asegurar que la DIA de 2007 continúa vigente y que, tramitar otra, implicaría empezar de cero un proceso que tarda al menos tres años.

En el actual periodo para presentar alegaciones al proyecto de MSC, que el viernes se amplió veinte días más para atender la petición de que la documentación se pueda consultar online, Mollà vuelve a la carga con un informe en el que insiste en reclamar otra DIA por las modificaciones realizadas en el proyecto inicial. En la misma línea que los siete esgrimidos por Ribó y también en respuesta a la petición del Puerto a las administraciones implicadas, según recalcaron ayer desde el departamento de Mollà, que remitió ese informe la semana pasada.

El documento, adelantado por eldiario.es, señala que la DIA de 2007 «no ampara las modificaciones introducidas en el anteproyecto de 2018, y se requiere, en principio, la tramitación de una evaluación de impacto ambiental simplificada«. Según indica, »desde el punto de vista ambiental resulta especialmente relevante los efectos que se puedan generar tanto por el aumento de la superficie afectada por el dragado como por su extensión hacia el sur«, a unos 1.500 metros del ámbito marítimo de L'Albufera.

Preguntados acerca de si ese es el pronunciamiento de la Generalitat en este tema, desde Presidencia de la Generalitat trasladaron ayer a LAS PROVINCIAS que se trata de «un informe de una dirección general».

Se da la circunstancia, además, de que la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental solo consultó a servicios controlados por Compromís para preparar esas alegaciones, entre ellos la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, la única que pertenece a la conselleria que dirige Arcadi España y no tiene al frente a un cargo socialista. Desde este departamento confirmaron que no preguntó si tenían algo que decir al respecto ni a la Dirección General de Puertos, ni a la de Urbanismo, ni tampoco a la de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible.

Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez, anunció que llevarán una propuesta al pleno de este viernes para que todos los grupos acuerden someterse a «criterios técnicos» sobre la necesidad de una nueva DIA. Según Gómez, el debate debe «alejarse de las posiciones partidistas, y deben ser los técnicos los que se pronuncien».

Eso mismo reivindicó, horas antes, la portavoz del PP, María José Catalá, quien defendió que «no deben ser los jefes de servicio del Ayuntamiento ni el alcalde ni el ministro quienes decidan si debe hacerse una nueva DIA« sobre el proyecto, sino »los técnicos del Estado«.