Las novedades que el Gobierno quiere introducir en los bancos y afectan a los mayores de 65 años

El Gobierno sigue fijándose en los más mayores para tratar de mejorar sus servicios bancarios. Si hace unos meses implementaba unos horarios más flexibles e introducía la figura de un asesor específico para ayudar a los clientes que se acercarán a las oficinas bancarias, ahora PSOE y Unidas Podemos trabajan en una enmienda conjunta al proyecto de ley de la Autoridad del Cliente Financiero para que los bancos garanticen la atención presencial en municipios de menos de 5.000 habitantes.

En este sentido, los socios de Gobierno buscan aplicar medidas para reforzar la atención bancaria tanto en municipios pequeños como a los clientes mayores de 65 años y a las personas con discapacidad.

El objetivo no es otro que mejorar el servicio en oficina asegurando al menos dos días laborables por semana con un mínimo de seis horas de atención al público en cada uno de ellos.

Además, PSOE y Unidas Podemos con este pretexto proponen también proveer sistemas de atención preferente a las personas mayores en las oficinas bancarias durante un periodo mínimo de tres horas diarias. Para ello, en cada oficina presencial al cliente, habrá una persona que asuma el cargo de «gestor del mayor», con funciones específicas de asistencia a este colectivo en su interacción con la entidad.

Además de estas propuestas, también busca el Ejecutivo establecer en los bancos un servicio de atención telefónica personalizada sin coste adicional y que sea operativo durante todo el horario comercial enfocado en el colectivo de personas mayores.

En el marco de este proyecto de ley, actualmente en trámite parlamentario en el Congreso, el Ejecutivo busca también de dotar de nuevas funciones supervisoras al Banco de España.

De hecho, en la misma enmienda que despliega medidas de refuerzo de atención a colectivos de mayores y pequeños municipios, PSOE y Unidas Podemos también proponen que el Banco de España pueda recabar de las entidades y personas sujetas a su función supervisora, así como a terceros a los que dichas entidades hayan subcontratado actividades o funciones operativas, la información necesaria para comprobar el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina.

Con el fin de que el Banco de España pueda obtener dichas informaciones, o confirmar su veracidad, las entidades y personas mencionadas quedarían obligadas a poner a disposición del Banco de España «cuantos libros, registros y documentos considere precisos», incluidos los programas informáticos, ficheros y bases de datos, sea cuál sea su soporte físico o virtual.

En este marco, las entidades referidas tendrían obligación de habilitar, en el plazo que se fije para ello, los medios técnicos requeridos por el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos para la eficacia de sus sistemas de comunicación electrónica, en los términos que este adopte al efecto.

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