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El debate de alargar la vida útil de las centrales nucleares ha tomado un cariz político y en los últimos días el relato ha cambiado considerablemente por parte de las compañías eléctricas, que han pasado de querer cerrar las centrales nucleares por no ser rentables a defender a capa y espada la necesidad de posponer el apagón de estas instalaciones. Mientras tanto, el Gobierno asegura que no hay novedades sobre un posible cambio en el calendario pactado en 2019, donde se establece el cierre nuclear de manera progresiva de las siete centrales que hay en España.
Como en todo conflicto de intereses, aquí hay varias partes implicadas: las propietarias de las centrales (Endesa e Iberdrola), el Ejecutivo, los gobiernos autonómicos, las empresas que viven de las centrales nucleares y, por otro lado, las compañías de energía renovable. Pero más allá de todo ello, la cuestión principal que ahora está sobre la mesa es si realmente es factible cerrar las centrales nucleares en las fechas previstas teniendo en cuenta el retraso que lleva España –especialmente la Comunitat Valenciana– en cumplir sus objetivos de instalación de renovables y almacenamiento contemplados en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). Actualmente hay instalados 70 gigas de tecnología renovable y en 2030 se debería llegar a 135 gigas, según datos de Iberdrola.
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En el caso de la Comunitat Valenciana, la brecha es desoladora. Actualmente la región tiene 1.243 megavatios de potencia instalada en eólica y 500 megavatios de solar fotovoltaica, a fecha de marzo de 2025, según las cifras de Red Eléctrica. Son números muy lejanos a las marcados para 2030, año en el que está previsto el cierre de la central nuclear de Cofrentes y en el que la Comunitat debe alcanzar 4.000 megavatios en eólica y 6.000 en fotovoltaica. Es decir, la autonomía valenciana debe sextuplicar la potencia instalada en los próximos cinco años.
Para hacerse una idea del acelerón que debe producirse para alcanzar esos objetivos a nivel valenciano, sólo hay que ver que en el último lustro la Comunitat ha instalado a la red sólo 50 megavatios de eólica y 135 megavatios de energía fotovoltaica. A priori, se antoja bastante complicado llegar al escenario pactado con los datos actuales.
El Consell, además, entró ya el año pasado al debate posicionándose a favor de alargar la vida de Cofrentes, mientras Iberdrola, la propietaria, se mantenía en silencio al respecto, ya que en los últimos años su presidente, Ignacio Galán, argumentaba que no salía rentable mantener las centrales operativas. Sin embargo, hace unas semanas rompió ese silencio, igual que lo hizo este jueves Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola, en un foro organizado en Valencia. «Hay decisiones que tomamos en su momento y que ahora hay que replantear porque la situación ha cambiado», señaló para posteriormente hablar de cómo ha impactado la crisis del gas derivada de la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, esa invasión arrancó en 2022 y su cambio en el relato se ha producido en las últimas semanas.
¿Por qué no son rentables? Carga fiscal y precios bajos
La principal queja esgrimida por las propietarias de centrales nucleares en España es la carga fiscal que soportan. Según Foro Nuclear, el impacto fiscal al que hacen frente se ha incrementado más de un 70% en los últimos cinco años. «La continuidad de la operación de las centrales nucleares españolas tendrá que estar inexorablemente unida a la reducción de la desproporcionada carga fiscal que soportan, hasta niveles económicamente insostenibles», señala el presidente de esta patronal, Ignacio Araluce.
Según explica Xavier Cugat, directivo del sector de las energías renovables, los gravámenes exclusivos de la actividad nuclear son dos: un impuesto y una tasa. «El impuesto es porque se grava un hecho. Algunas comunidades como Extremadura han aprobado impuestos específicos a la generación nuclear. La tasa es un cargo que hace el gobierno por un servicio, que en este caso es la tasa Enresa, dirigida al desmantelamiento que tendrá que hacer el Gobierno de estas centrales una vez se cierren», explica Cugat, quien añade que las empresas de renovables no tienen que pagar una tasa por su desmantelamiento porque son ellas mismas las que se encargan de este proceso, a diferencia de las nucleares, cuyos residuos pasarán a ser custodiados y gestionados por el Estado.
A esto hay que añadir otro elemento no menos importante: el precio de la energía, que lleva años con una tendencia a la baja por la incorporación de energías renovables –exceptuando el encarecimiento vivido con la inflación como consecuencia de la crisis del gas derivada de la guerra en Ucrania–. Tanto es así que en ocasiones el precio del megavatio ha estado por debajo de cero. El pasado año, la central de Cofrentes paró el funcionamiento durante un mes debido al batacazo del precio de mercado de la energía por la fuerte generación de la energía eólica y fotovoltaica. Aun con ello, el peso que tuvo la energía nuclear en la generación de electricidad en la Comunitat Valenciana creció el pasado año respecto al anterior y también comparado con hace cinco años.
¿Qué ha cambiado? Posible contrato de precios
Entonces, si hace ya tres años de la crisis del gas, la carga fiscal ha aumentado y los precios del mercado energético siguen a la baja, ¿qué ha cambiado para que las propietarias de las nucleares apuesten ahora por alargar la vida útil? Según indicó en Valencia el CEO de Iberdrola, los últimos acontecimientos internacionales recuerdan la necesidad de aumentar la independencia energética de cada país. «Tenemos que recurrir a la energía que ya tenemos», decía en Valencia, donde también destacó la necesidad de la nuclear para tener una fuente estable y garantista en momentos de crisis como los vividos por la dana. «A pesar del problema que tuvimos en la subestación Catadau, gracias a Cofrentes y la Muela la Comunitat fue capaz de soportar la red junto con la central térmica de Escombreras. Fueron capaces afrontar caída de tensión y evitar que la tragedia fuera más grave», señaló.
No obstante, otras voces del sector energético apuntan al interés de estas mercantiles de acordar con el Gobierno un precio estable como ha sucedido en Bélgica, que ha recibido el beneplácito de la Comisión Europea para recibir 32.000 millones en ayudas del Estado para prorrogar dos reactores nucleares. En esas ayudas se contempla un contrato por diferencias para «garantizar ingresos estables» y limitar la remuneración durante un periodo de 10 años.
Cugat coincide con esa lectura. «En unas semanas veremos que las compañías pedirán un contrato por diferencia al Gobierno, que consiste en una garantía de precio máximo y mínimo y previsiblemente ese rango de precios para la nuclear estaría bastante más alto. Extender las nucleares tiene un coste nada desdeñable porque requiere unas inversiones para su seguridad», explica.
¿Es necesario llegar a los objetivos? Un cálculo con incógnitas
Que el suministro eléctrico esté garantizado cuando se acometa el cierre de las centrales nucleares no sólo depende de que haya suficiente energía renovable que la sustituya, también depende de que haya un sistema de almacenamiento que permita guardar los excedentes y usarlos a conveniencia y, sobre todo, depende de si se cumplen los objetivos de electrificación. En ese sentido, Cugat explica que no es necesario llegar a esas cifras de renovables para que se acometa el cierre nuclear sin problemas debido a que, al parecer, tampoco aumentará el consumo en los niveles previstos en el PNIEC –un ejemplo de ello es que la incorporación de coches eléctricos no está siendo la esperada–.
María Burgos, jefe de Análisis y Prospectiva del Mercado Energético de Iberdrola, explicó también en el foro que es previsible que ese despliegue de renovables vaya a la par con ese menor aumento de la electrificación, por lo que no debería haber un desajuste en el suministro.
En cualquier caso, es Red Eléctrica el órgano que debe decir si este equilibrio es posible y, por tanto, si el calendario de cierre de las nucleares debe continuar llegado el momento. El apagón nuclear no se hará de golpe, sino progresivo. El primer reactor en cerrera debe ser el de Almaraz en 2027 y el último, el de Trillo, en 2035.
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