Nueva medida de Hacienda: hay que declarar los pagos con tarjeta si superan esta cantidad

El control de los movimientos financieros es una de las prioridades de la Agencia Tributaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y combatir el fraude. En este contexto, el Gobierno español está impulsando nuevas medidas para reforzar la transparencia en las transacciones electrónicas. Como parte de este esfuerzo, Hacienda ha anunciado un nuevo real decreto que aumentará las exigencias de información para las entidades financieras a partir de 2025.

Según ha publicado 'EL PERIÓDICO', esta medida introduce una nueva declaración anual que las entidades emisoras deberán presentar en 2026, desglosando las operaciones que, en conjunto, superen los 25.000 euros anuales por tarjeta. Esto se aplicará a cualquier tipo de tarjeta: crédito, débito, prepago, monedero, tarjetas digitales, tarjetas para compras en línea, entre otras, independientemente de la moneda utilizada.

El nuevo reglamento tiene como objetivo principal supervisar las grandes transacciones realizadas mediante sistemas electrónicos, una medida clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Con la digitalización de la economía y el aumento del uso de métodos de pago electrónicos, el control de estas operaciones se ha convertido en una necesidad prioritaria para la administración pública.

Para empresas y autónomos, la normativa supone una mayor fiscalización de sus transacciones con tarjeta, ya que las entidades emisoras estarán obligadas a remitir un informe con los movimientos anuales de cada titular cuando superen el umbral fijado. En dicho documento, se detallará la identidad del usuario, la cantidad total de operaciones efectuadas y el importe global de todas las compras y disposiciones de efectivo. Asimismo, el decreto prevé que las instituciones financieras informen mensualmente a la Agencia Tributaria sobre los pagos que los profesionales y negocios reciban mediante tarjetas o aplicaciones móviles como Bizum o PayPal, sin importar el importe de cada operación.

El real decreto, que ya ha pasado por un proceso de consulta pública, será sometido a evaluación por el Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros. Se espera que su implementación refuerce los mecanismos de control fiscal y ofrezca una mayor trazabilidad de los movimientos financieros en el país.

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