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Nuevo frente abierto para el sector azulejero sin apenas haber digerido el balón de oxígeno que representa el anuncio del Gobierno de la inclusión de la cogeneración dentro del mecanismo de topado de gas. Porque los sindicatos han anunciado movilizaciones ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo por parte de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer).
Así lo han trasladado los representantes de CC OO Hàbitat PV y Fica UGT-PV de Castellón, que mantienen la postura de no firmar un convenio que no garantice «frenar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector». En este sentido, en las distintas reuniones mantenidas con la patronal –la última, el 19 de julio–, las organizaciones sindicales han reclamado vincular el incremento salarial al IPC, aspecto que descarta Ascer debido al impacto del precio de la energía en las cuentas de explotación de las azulejeras. No obstante, según trasladaron antes de las vacaciones de verano, sí que estaba abierta a ofrecer mejoras salariales pero desvinculadas de la evolución del IPC.
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Ahora, tras advertir a finales de junio que saldrían a la calle si el bloqueo del convenio se mantenía, los sindicatos han dado un paso más y han establecido un calendario de movilizaciones y concentraciones y no descartan una convocatoria de huelga. Serán los días 23 de este mes y el 21 de octubre y consistirá en un recorrido por las calles de Castellón que finalizará ante la sede de la patronal.
De forma previa, según explicaron, se realizarán asambleas informativas de delegados del sector del azulejo de CC OO y UGT. «No pueden recibir ayudas aquellos que se aprovechan de las circunstancias contextuales para no negociar los incrementos salariales de sus trabajadores y aun así reciban subvenciones públicas», apuntan los sindicatos.
Mientras, sobre el anuncio de la inclusión de la gran industria en la excepción ibérica, tanto la patronal como las empresas están a la espera de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial que contemple el incremento de la retribución regulada de la cogeneración así como los detalles: entrada en vigor, si es de carácter retroactivo, etc. Es el caso de Pamesa, que el pasado julio anunció la parada de sus plantas de cogeneración.
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