La V-21 aún tiene pendientes la mitad de las obras

Así se desprende del grado de ejecución de las obras, actualmente al 52%, según la información facilitada por el propio Ministerio de Transportes. Eso a pesar de que los trabajos comenzaron en octubre de 2018 tras una licitación activada un año antes (agosto de 2017) y salpicada de polémica incluso dentro del propio Ayuntamiento de Valencia, que llegó a aprobar una moción de rechazo en el pleno a instancias de València en Comú (en el gobierno municipal entonces).

La previsión era que las obras, a cargo de la empresa OHL –que se hizo con el concurso al imponerse su propuesta a la de otras 28 empresas–, hubiesen finalizado este abril o, en todo caso, antes de verano de 2021. Sin embargo, las actas de paralización parcial y los modificados que se han ido produciendo, como la revisión del proyecto de tendido eléctrico de alta tensión, han provocado que la fecha se varíe y que la actuación haya ido al ralentí, como recuerdan desde la Cámara de Contratistas, que han lamentado la inseguridad jurídica que ha rodeado todo el proceso.

Así, al estar ejecutadas únicamente a la mitad, el horizonte final de los trabajos se sitúa en junio de 2022 si no surge ningún contratiempo. Fuentes del departamento que dirige José Luis Ábalos explicaron que se sigue trabajando «para que las obras finalicen lo antes posible».

La actuación, de la que comenzó a hablarse en 2007, tiene un coste de 19,5 millones, ya que la adjudicación se redujo un 34% sobre el precio base de licitación. Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 10,9 millones en 2021 para el tercer carril de la V-21 y los cuatro kilómetros que abarcan estos trabajos. En julio de 2014 entró en servicio la ampliación del tramo anterior, comprendido entre Puçol y Alboraya. Aquellos 13 kilómetros supusieron una inversión de 28 millones. Los problemas de la adjudicataria (entró en concurso de acreedores) y los recortes de 2010 a los proyectos de la cartera de Fomento hicieron que se tardaran seis años en completar las obras.

En el caso del tramo actualmente en obras, se persigue, además de aumentar la capacidad de la vía, incrementar la seguridad vial, ya que se mejorará la visibilidad de la curva sobre el ferrocarril al ampliar su radio. Además, el trazado tendrá una velocidad de 100 kilómetros por hora.

Este proyecto, cuando se licitó, provocó el rechazo de los ayuntamientos de Valencia y de Alboraya. Eso a pesar de que no se recibieron alegaciones contrarias durante los procesos de información pública (2014) y de declaración ambiental (2015).

Las obras se licitaban en agosto de 2017 pero no fue hasta diciembre cuando se abrieron las ofertas económicas tras haber retrasado este paso un mes debido a la oposición del Ayuntamiento. En ese tiempo el ministerio insistió en que la paralización podría suponer el retraso del proyecto otros diez años y que la inversión iría a otra comunidad.

El contrato no se formalizó hasta junio de 2018 y, posteriormente, hubo una paralización para reducir la superficie de expropiación. Esto también generó problemas cuando, ya en septiembre de 2019, colectivos en defensa de la huerta ocuparon el Forn de Barraca para evitar su derribo.