En España, el permiso parental de 8 semanas ha quedado en el centro de la polémica debido a su incumplimiento con la normativa europea. La Directiva 2019/1158, que regula la conciliación de la vida laboral y familiar, exige que al menos dos de estas semanas sean retribuidas. Sin embargo, España aún no ha implementado esta medida, lo que ha llevado a la Comisión Europea a iniciar un procedimiento de infracción contra el país.
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La Comisión Europea ha dado el primer paso en el proceso sancionador enviando una carta de emplazamiento al Gobierno español. Este procedimiento marca el inicio de una vía legal que podría escalar si no se toman las medidas necesarias en un plazo de dos meses. En caso de persistir el incumplimiento, la Comisión podría emitir un dictamen motivado y, en última instancia, llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene la potestad de imponer sanciones económicas.
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El problema radica en que España no ha completado la transposición de la Directiva 2019/1158, cuyo plazo expiró en agosto de 2022. A pesar de las promesas del Ejecutivo, la falta de avances concretos expone al país no solo a sanciones económicas, sino también a una vulneración de los derechos de las familias.
¿Qué dice la legislación actual?
El permiso parental en España se amplió a 8 semanas, pero carece de retribución en sus últimas dos semanas, un punto que entra en conflicto con la normativa europea. Para mejorar la conciliación, el país ya había avanzado en otros derechos, como la extensión del permiso de lactancia a todos los trabajadores, independientemente de su género. Este permiso puede disfrutarse en varias modalidades:
- Una hora diaria de ausencia hasta que el menor cumpla nueve meses.
- Reducción de media hora en la jornada laboral.
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- Acumulación en jornadas completas, equivalente a 15 días laborales para contratos de jornada completa.
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No obstante, la ausencia de retribución en las últimas semanas del permiso parental sigue siendo un obstáculo significativo para las familias.
En este contexto, aunque el Gobierno español, a través del secretario de Estado de Trabajo, ha reiterado su compromiso con la transposición de la directiva, aún no se ha materializado en cambios legislativos concretos.
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