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Si hay un tema que ha centrado las conversaciones este verano, ese ha sido el de la ITV y la imposibilidad de conseguir cita ... en las estaciones de la Comunitat, con ciudadanos yéndose a otras autonomías para pasar la revisión, colas de horas en los accesos a algunas e, incluso, webs de citas falsas o la aparición de nuevos trabajos como 'chófer de ITV. Una situación de colapso de la que no han escapado los conductores profesionales y que, en el caso valenciano, ha estado motivada por el proceso de reversión de la concesión en febrero de 2023, pasando la Generalitat –en concreto la empresa pública Sitval– a gestionar el servicio.
Es en ese aspecto –la gestión pública de las ITV– en el que se ha centrado un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), representativa del colectivo de transportistas autónomos y de las pequeñas y medianas empresas y que aglutina a más de 32.000 empresas de transporte y a más de 60.000 vehículos en territorio nacional.
Esta patronal pone el foco en la liberalización del servicio y concluye que las estaciones públicas gestionadas directamente por las comunidades autónomas, como el caso de la valenciana, son las que más demora presentan en dar cita a los conductores, con hasta dos meses de espera. Por ello, Fenadismer reclama liberalizar las ITV en toda España ante las continuas demoras que impiden a los transportistas trabajar con normalidad.
Ya el pasado julio la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) alertaba del problema y reconocía que los profesionales de la larga distancia se marchaban a otros sitios de fuera de la Comunitat para pasar la ITV. En este sentido, la Conselleria de Industria activó unas líneas específicas para mitigar la problemática que, como apuntan desde el departamento que dirige Nuria Montes, actualmente están abiertas a todos debido a que el sistema está más descongestionado con la puesta en marcha de una nueva plataforma y la contratación de personal de refuerzo.
En su informe, Fenadismer recuerda que aunque el servicio es obligatorio para los ciudadanos «no es homogéneo en toda España, sino que cada comunidad ha optado por un régimen de gestión diferente». Por ejemplo, contrapone la situación de Madrid (la única en la que el servicio de ITV se encuentra totalmente liberalizado) «con la que padecen los profesionales y particulares residenciados en las tres comunidades Autónomas en las que la gestión de la ITV es llevada a cabo por una única empresa pública en régimen de monopolio, en concreto Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana». Casos en los que la patronal del transporte critica «las demoras en obtener cita y el menor horario de servicio», ya que agrava las posibilidades de poder llevar a cabo la revisión técnica de los vehículos.
También se hace eco de otras regiones, como aquellas en las que el régimen predominante es el de concesión pública para la explotación por una empresas privada, donde la situación no es mucho más favorable, como «la caótica situación que se vive en la actualidad en Galicia» o hace unos meses en Asturias, donde la huelga de los trabajadores de la concesionaria «está ocasionando la anulación de cientos de citas previas para pasar la revisión, con el perjuicio para los usuarios, lo que se agrava en el caso de los transportistas que tienen que paralizar parte de su flota».
Por ello, y a fin de evitar estas demoras «y que los transportistas y demás usuarios particulares puedan trabajar con normalidad», Fenadismer insta al Gobierno a que promueva las modificaciones legales necesarias para la liberalización total del servicio en todas las autonomías, «a semejanza de como está establecido en Madrid, para garantizar de este modo una oferta suficiente y competitiva».
El bloqueo de las ITV derivó en un sinfín de quejas por parte de los conductores valencianos, que terminaron llegando al Síndic de Greuges. La imposibilidad para coger cita previa, que en el último mes se ha suavizado considerablemente, llevó al defensor del pueblo valenciano a solicitar un informe a la Conselleria de Industria, de la que depende el servicio.
A raíz de una queja emitida el 25 de junio, el propio Síndic de Greuges abrió un proceso mediante el cual se establece un plazo de un mes para la recepción del documento solicitado. Una vez rebasado el límite de tiempo, y sin haber recibido el informe por parte de Industria, el defensor del pueblo valenciano emitió un expediente –con fecha del 23 de agosto– en el que recomienda a la Conselleria dirigida por Nuria Montes que «dé las órdenes oportunas para asegurar la atención de los ciudadanos dentro de los parámetros de normalidad que estos requieren». El documento publicado por el Síndic de Greuges en el apartado de 'Resoluciones' de su página web también recuerda al departamento de Montes que tiene el «deber legal de colaborar con el Síndic de Greuges», por lo que establece un nuevo plazo de un mes para manifestar si aceptan o no las consideraciones apuntadas por el organismo estatuario.
Al respecto, Industria asegura que todas las quejas se contestaron en tiempo y forma, con una única excepción, en la que el informe no se envió a tiempo al estar fuera gran parte del personal de Sitval, empresa pública encargada del servicio.
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