El cambio en las pensiones que afecta a 650.000 jubilados

Ni el estado de alarma ha impedido que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ponga en marcha en pleno confinamiento uno de los propósitos que anunció en su toma de posesión: asumir también la gestión de las pensiones de las clases pasivas, que en la actualidad comprende a casi 650.000 funcionarios jubilados y que supone un gasto anual de unos 15.500 millones de euros, de forma que sea la Seguridad Social la que controle todas las pensiones públicas del sistema.

En la actualidad hay 637.213 empleados públicos jubilados en las clases pasivas. Se trata en su mayor parte de profesores, funcionarios de la Administración General del Estado y de la Administración de Justicia (tanto jueces y fiscales como personal administrativo); militares, guardias civiles y policías... Además, habrá en torno a 700.000 funcionarios que siguen cotizando en este régimen, al que no pueden acceder nuevos trabajadores desde el 31 de diciembre de 2010, ya que se declaró cuerpo a extinguir.

Se trata de un sistema de cotización muy diferente al del resto de asalariados, en el que se cotiza menos y se puede acceder a la jubilación con menos requisitos para tener el 100% con menos años cotizados. Sin embargo, exceptuando los grupos A1 (los funcionarios de mayor nivel), que tienen la prestación máxima, obtienen una menor pensión en relación a su salario en activo, según explicó a este periódico Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de FSC-CC OO.

Este sistema no es de reparto y las cotizaciones de estos trabajadores no pagan sus prestaciones, sino que es el Estado quien las financia. Así, tienen una cotización inferior a la del Régimen General: el trabajador (funcionario) paga el 3,86% de su salario en lugar del 4,7% de los asalariados, mientras que el empleador (en este caso el Estado) aporta el 18,3% frente al 23,6% del empresario del Régimen General.

De igual manera, el acceso a la jubilación también es distinto, de forma que voluntariamente pueden retirarse a los 60 años siempre y cuando hayan cotizado 30. Si quieren obtener el 100% de su pensión, pueden hacerlo desde los 60 y con 35 años trabajados. No existe aquí coeficiente reductor, pero su pensión se calcula cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que determina el 'haber regulador' (es decir, su base reguladora) para cada grupo de funcionarios.

El Real Decreto Ley publicado el pasado miércoles incluye varias disposiciones adicionales en las que se inicia este traspaso de departamentos que, no obstante, se ejecutará definitivamente cuando se apruebe otro Real Decreto de estructura del Ministerio de Seguridad Social.

Hasta entonces la gestión de estas prestaciones de funcionarios del Estado las asumirá de manera transitoria la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para pasar, después, definitivamente a manos del Instituto Nacional de Seguridad social (INSS). Sin embargo, el Estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones, ya que el sistema ya cuenta con un abultado déficit en el entorno de los 18.000 millones de euros anuales.