El cambio en las pensiones pasivas que ha realizado el Gobierno

El decreto aprobado esta semana por el Gobierno en materia económica regula el procedimiento para que el régimen de Clases Pasivas de los funcionarios del Estado pase a integrarse de manera efectiva en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá. Una medida que afecta a 650.000 jubilados.

En la exposición de motivos de la norma, el Gobierno señala que el calendario para llevar a cabo las modificaciones legales necesarias para esta integración «se ha visto radicalmente alterado por la crisis sanitaria» del coronavirus.

Como dichos cambios normativos no pueden ser aprobados mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria y para evitar «inseguridad jurídica e incertidumbre» en lo que respecta a las pensiones de las Clases Pasivas, el Gobierno regula en esta norma el proceso por el que la Seguridad Social asumirá este régimen.

Así, el decreto establece, entre otros puntos, que el Estado transferirá a la Seguridad Social el importe necesario para la financiación de la totalidad del gasto en que incurran el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social por la gestión del régimen de Clases Pasivas del Estado.

Mientras se adapta la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera para la asunción de las prestaciones de las Clases Pasivas por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se establece un régimen transitorio por el que esta gestión será ejercida por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que se encargará de la aprobación y compromiso del gasto, así como del reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de las pensiones.

La federación de atención a la ciudadanía de USO cree que el cambio de Ministerio para las pensiones de clases pasivas decretado por el Gobierno es «un ataque» contra los mutualistas y pensionistas, al considerar que «pone en riesgo las cuantías actuales y las futuras», ya que hasta ahora seguían otro modelo de tramitación.

En un comunicado, el sindicato explica que estas pensiones pertenecían antes al Ministerio de Hacienda y ahora se han incluido en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá.

«No entendemos la motivación de estos cambios ni los efectos que pretenden en medio de la legislación para paliar la pandemia; pero las formas, el tapadillo, nos hacen sospechar que las intenciones no son buenas«, defiende.

El sindicato cree que estas medidas coinciden con el programa que Escrivá «persigue desde antes de llegar al Gobierno», por lo que denuncia la utilización que el Gobierno está haciendo de los reales decretos-ley de medidas urgentes para tomar medidas estructurales «que requieren de una tramitación ordinaria».

Estas clases las componen los funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal docente estatutario, es decir, de la Enseñanza Pública. En total, en torno a 1,8 millones de trabajadores.

«José Luis Escrivá llegó a este Ministerio con la idea clara de imponer la doctrina que ya defendió en el Pacto de Toledo cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El Ministro firmó el informe que pretendía profundizar en la reforma de las pensiones de 2011 y hacerla aún más lesiva para el trabajador. Y ha aprovechado esta situación dramática para todo el país y especialmente para miles de trabajadores públicos para dar esta puñalada por la espalda«, concluye el sindicato.