El cambio en las pensiones sobre el que Bruselas quiere «especial atención»

La Comisión Europea, que recientemente ha avalado la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, ha alertado al Gobierno español sobre la sostenibilidad del sistema de jubilaciones. En su informe del Paquete de Primavera del Semestre Europeo, Bruselas destaca las presiones demográficas debido al envejecimiento de la población, lo que incrementará el gasto en Sanidad y pensiones, mientras las aportaciones disminuirán por la reducción de la población activa.

En el citado informe, los técnicos del europeo subrayan que únicamente con la implementación completa de la reforma de las pensiones se puede asegurar la sostenibilidad fiscal. En este sentido, recomienda prestar «especial atención» a la 'cláusula de salvaguarda' incluida en la reforma de 2023. Tal y como explican desde Economía Digital, esta cláusula implica que, si la Airef determina el próximo año que las cuentas no cuadran, habrá un aumento automático del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) si no se adoptan otras políticas. Esto significaría mayores cotizaciones sociales, afectando tanto a empleados como a empresas (0,12% para el trabajador y 0,58% para la empresa).

El informe también destaca que las cotizaciones sociales necesarias para mantener las pensiones han aumentado los costes laborales totales a un ritmo mayor que los salarios. A pesar de que las dos fases de la reforma de Escrivá han recibido la luz verde de Bruselas, la Comisión señala que las proyecciones del Ministerio de Seguridad Social son «propensas a una gran incertidumbre» y difieren de otras proyecciones, como las del Ageing Report elaborado en la sede de la Unión Europea.

Esta reforma también está en el foco de los organismos internacionales. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional ha sugerido que en lugar de aumentar las cotizaciones sociales, sería más eficaz extender el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones y considerar una reducción de las tasas de reemplazo. Estas tasas en España son significativamente superiores a las de países comparables y ajustar este aspecto podría mejorar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya señaló la importancia de evaluar cuidadosamente el impacto que un aumento en las cotizaciones podría tener en la economía y la competitividad empresarial. En este sentido, ha sugerido explorar alternativas que aseguren la estabilidad financiera del sistema de pensiones, entre ellas, la modificación de las tasas de reemplazo, destacando que estas se encuentran por encima de la media de los países de la OCDE.

La propuesta del Banco de España se suma a las advertencias previas realizadas por organismos como la OCDE y la AIReF, quienes han señalado la insuficiencia de la reforma de pensiones del Gobierno para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. La OCDE, en particular, ha destacado que España tiene una de las tasas de reemplazo más altas entre los países miembros, concretamente de un 72,3% para un salario medio, frente al 49% de media del resto de los países de la OCDE. Esto implica una menor pérdida de poder adquisitivo en la jubilación de los españoles en comparación con otros países europeos.

Además, cabe destacar que el sistema de pensiones español se basa principalmente en las cotizaciones a la Seguridad Social, a diferencia de otros países europeos como Dinamarca, Holanda o Suecia, que cuentan con sistemas más diversificados que combinan diferentes fuentes de financiamiento obligatorias o semio-obligatorias.

En este contexto, la sugerencia del Banco de España ha avivado el debate sobre cómo abordar los desafíos que enfrenta el sistema de pensiones en España. Mientras algunos argumentan que reducir la tasa de reemplazo podría ayudar a asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo, otros expresan preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la calidad de vida de los jubilados.

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