El FMI pide a España «una reforma aceptable» de las pensiones

El Fondo Monetario Internacional insiste en que el soporte estatal sigue siendo imprescindible para la economía española: «El apoyo fiscal debería mantenerse hasta que la recuperación se encuentre firmemente encarrilada». Incluso debería aumentar: «En caso de producirse un acusado deterioro de las perspectivas económicas, (las autoridades) deberían estar dispuestas a intensificar el apoyo en función de las necesidades derivadas de la pandemia del coronavirus». Y es que las previsiones y los comentarios del FMI sobre España son sombrías: el impacto de la covid ha sido especialmente grave para el país, dadas sus características estructurales. Si éstas agudizaron el impacto del confinamiento, en lo sucesivo hacen que sea «particularmente vulnerable a disrupciones prolongadas».

     

     El último informe del Fondo pone de relieve, además, que con la segunda oleada de infecciones, «el incipiente repunte económico corre peligro». Sostiene que «la producción tardará varios años en alcanzar su nivel pre-pandemia» y que «los riesgos se decantan marcadamente a la baja».

     

     El organismo mantiene su previsión de que el PIB caerá un 12,8% este año, pero revisa al alza la recuperación prevista para 2021 del 6,3% hasta el 7,2%, cifra apuntalada por los recursos comunitarios que llegarán a España.

     

     Aunque advierte: «Lograr dicho repunte estará estrechamente vinculado a la capacidad de limitar nuevas infecciones. Además, dependerá del tamaño, los plazos y la composición del gasto adicional financiado por la Unión Europea». Respecto a los recursos comunitarios, avisa de que, dada su «envergadura sin precedentes», «resulta crucial disponer de una estructura clara de gobernanza que supervise la ejecución de los planes y la consecución de hitos clave», de manera que se pueda «asegurar una elevada efectividad».

     

     El FMI arma el argumentario a favor de la intervención del Estado para sostener la economía y valora tanto la extensión de los ERTE como los avales públicos o el plan de rescate para empresas estratégicas -y anima ahora a fomentar las reestructuraciones de deuda para evitar quiebras-.

     

    

     

     Pero advierte de que, con el tiempo, las prestaciones por desempleo deberían convertirse en la red de seguridad predominante para los trabajadores: éste será el mecanismo para reasignar puestos de trabajo de sectores y empresas en declive hacia los más dinámicos. Los ERTE, dice el Fondo, tienen unos rendimientos decrecientes y conllevan el riesgo de mantener a trabajadores en empresas y sectores inviables.

     

     El empleo ha de ser, además, según el FMI, un destino de los recursos europeos. A su juicio, éstos pueden facilitar la introducción de reformas laborales. Según explicó Andrea Schaechter, responsable para España de la institución, los fondos comunitarios pueden usarse para acompañar la transición tanto de los trabajadores de unos sectores en crisis a otros en auge, como de una normativa, la actual, a otra, en la que se incluya, desliza, la mochila austriaca. Otra fórmula que sugiere es la introducción de un fondo financiado con recursos de Bruselas para despidos que haga al mismo tiempo más atractivos los contratos indefinidos.

 

    

     

     

     Sobre pensiones, aboga por reformas que «equilibren su sostenibilidad con la aceptación social». Schaechter precisó que el consenso que existe sobre la idea de que las pensiones se revaloricen con el IPC implica que hay otras cuestiones que se pueden tocar. El FMI ha invitado a llevar a cabo «reformas aceptables en el sistema de pensiones.

     El FMI deja en un segundo plano la ortodoxia e invita a que el ajuste fiscal arranque una vez la economía esté en una senda de crecimiento sostenible y con el paro a la baja, algo que sucederá, «como pronto», en 2022. Pero recomienda al Gobierno realizar un anuncio anticipado de un plan gradual que debería incluir «medidas estructurales sostenibles, especialmente del lado de los ingresos, que ayudarían a reconstruir los colchones fiscales al tiempo que apoyarían más inclusión e innovación».

     

     De hecho, una de las preocupaciones del FMI reside en «las disparidades económicas», que ya eran elevadas antes de la pandemia y que «van camino de ahondarse» con el «probable» aumento de la pobreza. Así, valora que el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno «es un paso acertado para abordar algunos de los retos socioeconómicos». Y aboga por que se amplíen los programas de vivienda social de alquiler, se simplifique la normativa en materia de edificación y recalificacion de suelo, lo que «contribuiría a mejorar la asequibilidad del alquiler y la movilidad laboral».