1.008,34 euros. Esa es la cantidad que abona, de media, el Estado a cada pensionista valenciano de forma mensual. Así se extrae de los últimos registros del Ministerio de Seguridad Social, que prepara estas semanas la maquinaria para hacer efectiva la tan ansiada subida de las prestaciones para compensar la inflación que será efectiva en 2023.
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Esta estadística, correspondiente a noviembre, ha aumentado ligeramente respecto al mes anterior. Estaba un euro por debajo, aunque el cambio no ha sido fruto de un incremento general sino el resultado de la entrada y salida de valencianos del sistema. Sin embargo, la cifra se mantiene por debajo de la media nacional, donde se paga 1.094,02 euros, y bastante lejos de la prestación media madrileña (1.277,86) o la vasca (1.356,13).
Por provincias, los ciudadanos que viven en Valencia son los que más fondos reciben de la autonomía (1.052,21), seguidos de los de Castellón (979,45). En último lugar se sitúan los de Alicante (946,57), con uno de los datos más bajos del país. Sin embargo, está por encima de la media de los ciudadanos de Extremadura (912,84) o Murcia (967,14).
De las 1.019.355 pensiones que se pagan en la Comunitat Valenciana la mayor parte corresponden a prestaciones por jubilación, en torno al 65%. Las de viudedad acaparan el 25% del total, mientras que el resto se dividen entre incapacidad permanente, orfandad y favores familiares.
La pensión media valenciana es diferente en cada uno de estos colectivos, aunque todos tienen en común que cobran algo menos que la media española, en general por haber tenido cotizaciones más bajas. Los que se benefician de la jubilación ingresan, de media, 1.152,62 euros mensuales, los del colectivo de viudedad 732,84, los de incapacidad permanente 983,89, los de orfandad 413,56 y los de favores familiares 629,74.
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En diciembre estas cifras serán casi calcadas ya que no se esperan variaciones significativas, aunque en enero se vivirá un incremento notorio. Cuando se haga público el dato de inflación a través del Índice de Precios al Consumo (IPC) se decidirá el aumento, aunque se espera que sea en torno al 8,5%. De media, esto podría representar casi 90 euros mensuales. La actualización cuenta con el respaldo de los principales partidos, pero algunas voces alertan de que supondrá una dura losa para las cuentas públicas.
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