EUROPA PRESS
MADRID
Miércoles, 15 de diciembre 2021, 11:52
La subida del IPC del 5,5% en noviembre, la más alta en los últimos 30 años, hará perder poder adquisitivo a los funcionarios, ya la subida a los empleados públicos se fijó, vía Presupuestos Generales del Estado, en un 2%, según ha denunciado la Unión Sindical Obrera (USO).
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Esta subida se aplica a los funcionarios de la Administración General del Estado y, por extensión, al resto. La Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 2022 contempla un aumento salarial del 2% para el personal empleado público, que se aplicará a las retribuciones de las plantillas de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como las sociedades mercantiles de titularidad autonómica, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público, centros educativos concertados, las universidades y centros universitarios dependientes de la Generalitat, en total, a unas 193.000 personas y tendrá una cuantía aproximada de 197 millones de euros.
Además, se contempla que las entidades y personas jurídicas afectadas por la norma podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de seguros colectivos siempre que el incremento no supere el 2 por ciento respecto a la anualidad anterior.
También se verán afectados los pensionistas, ya que el índice de revalorización de las pensiones dejará la subida en menos de la mitad.
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Además, tal y como ha recordado el secretario general del sindicato, Joaquín Pérez, la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 2021, que aún no llega a los 1.000 euros prometidos hace dos años, hace que España «ni se acerque» a los parámetros que aconseja Europa.
«Sin estas referencias públicas y con una reforma laboral a medias y a oscuras, la negociación colectiva va a quedar muy debilitada para poder alcanzar una subida salarial que no suponga una pérdida de poder adquisitivo», ha advertido el secretario general.
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Asimismo, Pérez ha recordado que se comienza a ver cómo el alza del precio de la energía y los combustibles ya se repercute en otros bienes. Por ello, ha señalado que es necesario «darle un impulso» a las rentas más vulnerables: desde las pensiones más bajas al SMI, pasando por el IPREM y el IMV.
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