Los planes de la Seguridad Social para cambiar la pensión máxima de jubilación

La subida de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima se se han situado en el centro del campo de batalla entre Gobierno y sindicatos. Se ha filtrado que la propuesta que ha realizado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a sindicatos y empresarios es subir la base máxima y la pensión máxima de cotización un 30%, más la inflación, en un plazo de 30 años. pero José Luis Escrivá ha evitado ofrecer cifras sobre cuánto quiere que se suban las bases máximas y la pensión máxima en las próximas décadas porque la negociación con los agentes sociales sigue en marcha. «Hablar de cifras cuando estamos buscando una convergencia sobre esos parámetros es claramente prematuro», ha señalado el ministro en la rueda de prensa del avance de afiliación de noviembre.

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En el caso del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que establece una sobrecotización del 0,6% hasta 2032, el diario 'El País' publica este jueves que el Gobierno baraja extenderlo hasta 2050, extremo que tampoco ha querido confirmar el ministro para no enturbiar la negociación.

CCOO y UGT han lanzado un comunicado en el que aseguran que la propuesta de subir las bases máximas y la pensión máxima un 30% en 30 años ya la hizo el año pasado el Ministerio y es sólo el reflejo de su posición en el marco de una negociación en la que también se tendrán en cuenta las propuestas de sindicatos y empresarios.

En el componente 30 del Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas, que hace referencia a la reforma de las pensiones, ya se planteaba el objetivo de elevar gradualmente la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, a lo largo de 30 años. Esta medida, según se especificaba en el Plan, afectará a todos los trabajadores y pensionistas del sistema.

«La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema. Que la evolución de las bases máximas se acomode a una senda muy gradual y conocida de antemano permite además adaptarse a los agentes económicos adecuadamente», exponía entonces el Gobierno.

Escrivá ha defendido que, aunque se trata de temas «prolijos», su sensación es que esta negociación no va a ser más lenta que otras, pero ha reconocido que debe «terminar pronto». «Tenemos que tener esto cerrado antes de fin de año, es el objetivo», ha precisado.

Por eso y porque incluirá elementos que requieren «rapidez», el ministro ha confirmado que esta segunda pata de la reforma de pensiones --que abordará la evolución de las bases máximas y el periodo de cálculo y las lagunas de cotización-- se aprobará mediante un Real Decreto-ley. «Es el instrumento normativo que tenemos en la cabeza, y no sólo para cumplir con Bruselas», ha explicado.

En relación al MEI, Escrivá ha asegurado que la sobrecotización del 0,6% que arranca en 2023 es «extremadamente baja y no cambia en ningún caso la situación de costes laborales de las empresas».

De hecho, ha señalado que esta sobrecotización elevará el coste por hora trabajada que pagan las empresas por cada trabajador desde los 20,9 euros a 21 euros, mientras que la media europea está en torno a los 26 euros y otros países superan los 30 euros.

«Cuando hemos visto estos elementos, hemos mirado con muchísimo cuidado que no haya efectos negativos sobre la competitividad de las empresas españolas», ha afirmado.

Preguntado por si esta sobrecotización que establece el MEI restará aportaciones empresariales a los planes de pensiones de empleo, Escrivá cree que no será así porque los incentivos fiscales tanto para las empresas como para los empleados estarán vigentes desde el próximo 1 de enero. «No creo (que afecte) pero lo iremos viendo progresivamente», ha apuntado el ministro, que ha recordado que, incluso antes de que se hayan puesto en marcha los incentivos fiscales a los planes, se están produciendo algunas iniciativas para impulsar las aportaciones, como el acuerdo alcanzado por los agentes sociales en el sector de la construcción o el de ATA con una aseguradora.

El ministro ha señalado que el Reglamento por el que se creará un macrofondo de pensiones de empleo de promoción pública está en proceso de elaboración y se terminará antes de finales de año.

Escrivá ha afirmado además que, desde el punto de vista tecnológico, toda la operativa de los planes de empleo o sus elementos más importantes estarán listos hacia la primavera. «Estamos apuntando a la primavera como buena fecha de referencia para tener operativo todo», ha indicado.

En relación a las protestas sindicales por la falta de personal en la Seguridad Social, Escrivá ha asegurado que el elemento fundamental de discrepancia es el teletrabajo, y ha señalado que, dado el componente de atención al público de la Seguridad Social, éste tiene que tener «algunos límites».

Además, ha defendido la solución de elevar las plantillas mediante interinos pues, aunque se han creado muchas plazas para los próximos años, los procesos de oposición son «lentos». «Tenemos una oferta de empleo público muy amplia para los próximos años pero no podemos esperar. La entrada de interinos es la solución de choque necesaria a corto plazo», ha argumentado.

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