Los trabajadores que podrán solicitar la jubilación anticipada a partir de febrero

El proceso para la implementación de la jubilación anticipada para trabajadores de actividades penosas, que hasta ahora no contaban con este derecho sin penalizaciones, ya tiene fecha de entrada en vigor: será en febrero de 2025. Así lo ha confirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha detallado que a partir de esa fecha los profesionales de sectores con elevados niveles de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad podrán acceder a una jubilación anticipada bajo un nuevo procedimiento que se encuentra en fase de análisis.

El nuevo marco normativo ha sido diseñado para ofrecer una solución objetiva y justa para aquellos colectivos que realizan trabajos especialmente exigentes y que, por las características de su actividad, sufren un desgaste físico o psíquico notable. Este anuncio llega después de un proceso de consulta pública en el que se recibieron aportaciones y alegaciones, que actualmente están siendo revisadas por los servicios técnicos y jurídicos del Ministerio.

El 22 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente del Real Decreto que regula los coeficientes reductores para permitir la jubilación anticipada en actividades de alto riesgo o daño para la salud. Tras el análisis de estas contribuciones, el texto será remitido al Consejo de Estado para que emita su dictamen en un plazo máximo de 15 días.

Elma Saiz subrayó que uno de los objetivos principales de esta normativa es proporcionar «un marco de certidumbre» a los trabajadores afectados, ampliando derechos y garantizando una mayor protección social. «Estamos trabajando para que esta norma entre en vigor lo antes posible», afirmó la ministra. Según su previsión, la nueva legislación será una realidad para febrero de 2025, garantizando así que los trabajadores en situaciones físicas o psíquicas exigentes puedan resolver con claridad su solicitud de jubilación anticipada.

La nueva regulación establecerá un conjunto de criterios técnicos y objetivos para identificar a los trabajadores que cumplen con las condiciones necesarias para solicitar una jubilación anticipada sin penalización. Los factores a tener en cuenta incluyen la incidencia, persistencia y duración de las bajas médicas, las declaraciones de incapacidades permanentes, así como las situaciones de fallecimiento prematuro.

El propósito de este cambio es dotar a los trabajadores de estos sectores con un mecanismo más claro y justo, permitiéndoles adelantar su retiro en función de las condiciones de su trabajo sin que esto repercuta negativamente en su pensión. Además, la medida responde a una demanda histórica de los colectivos más afectados, que hasta ahora no podían acceder a este derecho en igualdad de condiciones.

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