Los promotores descartan construir en la zona de huerta de Valencia y prevén más subida de precios

Del mismo modo, el portavoz del Colegio de Agentes Inmobiliarios de la Comunitat (Coapiv), Vicente Díez, asegura que la prohibición de recalificar sobre una extensión equivalente a 259.000 campos de fútbol, agravará todavía más la escasez de suelo que hay para obra nueva, por lo que prevé una subida de los precios, algo en lo que coincide el sector promotor. «Por supuesto hay que aplicar criterios técnicos que garanticen la seguridad, pero, cuidado, a ver si nos vamos a comer el suelo que existe», advierte. El empresario valenciano coincide con Díez al considerar que la subida de precios continuará ante el escenario actual de falta de suelo.

A esto, Díez suma otra cuestión que considera importante para descartar la construcción por parte de promotores en estas zonas: la afirmación de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de que no buscará resquicios para urbanizar la huerta ahora más desprotegida. «Si en algún punto nos aporta la posibilidad de hacer una dotación pública como un depósito de tormentas que aporte seguridad lo valoraríamos, pero solo en esos casos. No valoramos otras infraestructuras. Solo dotaciones hidráulicas o sociales», indicó la primera edil hace una semana al respecto. Esta postura hace pensar a Díez que el resto de municipios seguirán la misma retórica de permitir sólo construcción de infraestructuras.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio explican que si hay una zona muy afectada donde no se recomienda reconstruir, se pueden habilitar otros solares del municipio que en principio no estuvieran pensados para viviendas. «La conselleria crea el marco y cada municipio lo adapta a sus circunstancias», explican desde el departamento de Martínez Mus. Y, precisamente por este punto, el sector promotor insiste en que el decreto actual no se traducirá en una construcción masiva de viviendas ni una «oportunidad de oro», ya que finalmente queda en manos de cada ayuntamiento.

La Cátedra del Observatorio de Vivienda de la Universitat Politécnica (UPV) valora la nueva normativa como un intento del Consell por acelerar la reconstrucción. «Desde nuestro punto de vista hay que pegar un empujón y estas normativas van en esa línea. Imagino que incluso servirá para reubicar poblaciones o zonas de poblaciones enteras», señala el director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón, quien destaca que, en primer lugar, el objetivo del decreto es construir infraestructuras que eviten otra catástrofe de las mismas dimensiones. «Ello implica hacer obras de infraestructura en las zonas más altas de las cabeceras de los barrancos y de ríos, no solamente de los afectados», agrega.

Tanto Cos-Gayón, como Díez y el sector promotor instan a los ayuntamientos y al Consell a promover vivienda protegida en las zonas afectadas, donde sí sea posible levantar fincas residenciales. «Además de ese modo llegar no se desarrollarán complejos inmobiliarios que no sean del perfil que se precisan en este momento. Por tanto, no veo que el espíritu de la de la ley sea el de abrir espacios para especular», agrega Cos-Gayón.

Por su parte, el constructor valenciano considera que los municipios deberían destinar los suelos dotacionales a fin residencial. «Esos suelos son de la Administración, no son los promotores. Podrían dedicar esos espacios a atajar la falta de vivienda que hay con vivienda protegida», indica. A esto, el portavoz de Coapiv añade la incertidumbre del sector de construir en la zona sur, la más afectada por la dana. «Estoy convencido de que si se construye en municipios afectados, sobre todo viviendas para alquiler a precio asequible, la gente los va a querer, pero debe ser la Administración la que tome las riendas», apostilla.