Las protestas del campo se recrudecen con enfrentamientos entre policía y manifestantes

Junto a la A-3 y la A-7, retenciones en la CV-32 entre Museros y Massalfassar (la carretera de la Gombalda), la ronde norte (donde no se llegó a cortar la circulación pues sólo se ocupó un carril) y los accesos al polígono de Ribarroja, donde medio centenar de tractores realizaron una marcha lenta dificultando las entradas y salidas a este enclave industrial, con repercusión en municipios como Chiva o Loriguilla.

Unas movilizaciones convocadas, de nuevo, a través de redes sociales y servicios de mensajería y que no están autorizadas, lo que generó precisamente tensiones y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y los manifestantes. Eso a pesar de ser un número menor, ya que de 2.500 tractores del martes se pasó a los 1.700 de ayer según los datos facilitados por la Plataforma 6F, que impulsa la protesta.

En el caso de la Comunitat, en dos puntos: en Utiel y en los accesos al puerto de Castellón. En este último caso, la convocatoria sí que estaba respaldada por una organización agraria, La Unió Llauradora. Hasta el puerto de Castellón se desplazaron 200 personas y 100 tractores (partieron de Bejís y Cabanes) para bloquear el acceso por la CS-22 y denunciar la crítica situación que viven los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana debido a las malas cosechas y los altos costes de producción y, además, por las importaciones «desleales» procedentes de terceros países, como el caso de los cítricos procedentes de Egipto.

Se quemaron neumáticos en la entrada y se lanzaron naranjas al suelo como símbolo de protesta. Según La Unió, los agentes procedieron a desalojar con agresividad uno por uno a los concentrados que estaban sentados, pese al permiso solicitado el pasado 15 de enero –y autorizado para la protesta– y antes incluso de cumplirse la hora prevista de finalización que eran las 14:00 horas. Por ello, Carles Peris, secretario general de La Unió y uno de los desalojados, calificó de «lamentable y desmesurada la actitud de la policía obedeciendo órdenes de sus superiores que han impedido el acceso de los tractores a la protesta pese a los muchos kilómetros que han hecho para llegar hasta allí, así como la obligación de desalojar las instalaciones de mala manera a los participantes en la protesta». Al mismo tiempo, pidió la dimisión de la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls.

La tensión llegó a rozar el límites en Utiel. Sobre las 11:30 horas, los antidisturbios se dispusieron a disolver a los manifestantes, que se negaron en rotundo y comenzaron a huir de los agentes, lo que dio lugar a un nuevo corte de la A-3. «Nos habíamos organizado para dejar un carril libre y que pudieran seguir circulando los camiones y vehículos, pero vino la policía e intentó reprimirnos. Fue peor, porque nos desperdigamos y se acabó cortando la circulación por completo», cuenta Luis Julián, uno de los agricultores presentes.

Aunque no hubo cargas policiales, sí se produjeron enfrentamientos verbales, tal y como cuenta Julián, quien agrega que el sector «está cansado» de no poder, en muchos casos, vivir de manera digna. «Si nos hubieran dejado seguir protestando, con un carril libre, no se habrían formado estas colas», agrega Julián. Fuentes de la Delegación del Gobierno indicaron que el desalojo se realizó sin usar la fuerza.

Por otro lado, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, confirmaba que la Guardia Civil ha levantado actas de sanción a los manifestantes por delitos contra el tráfico y la seguridad ciudadana, aunque no concretó el número. En este sentido, Bernabé remarcó que es «imprescindible» que las movilizaciones se hagan de forma regulada para garantizar la seguridad de las personas e insistió en la necesidad de compaginar el derecho de los manifestantes con el del libre movimiento de los ciudadanos.