Si el mar separa y los puertos unen, el de Valencia ha logrado lo contrario entre los integrantes del gobierno del Botánico. Los partidos que forman el Ejecutivo autonómico han demostrado en Les Corts su profunda división respecto a la ampliación norte del Puerto de Valencia. El partido socialista, junto al resto de grupos de la oposición, votó este martes en contra de la proposición no de ley (PNL) que presentaron Compromís y Podemos antes de las elecciones del 10N en la que demandaba una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para la obra al considerar que deben aplicarse los criterios de las leyes aprobadas desde la aprobación de esta en 2007 y la situación de «emergencia climática», declarada por el Consell y el Ayuntamiento de Valencia el pasado verano.
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El PSPV se ha unido a Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes de la cámara valenciana al considerar plenamente en vigor el respaldo medioambiental con el que cuenta la obra y en que no procede la PNL. Antes de dar ese paso, tanto socialistas como populares habían presentado sendas enmiendas a la propuesta, que fueron rechazadas por las autoras de la proposición. En el caso del PSPV, se exponía la improcedencia de la demanda, mientras que el PP exigía que cambiara de sentido y se reclamara acelerar el proceso.
Por su parte, Ciudadanos y Vox criticaron la actitud de Podemos y Compromís por perjudicar a la economía valenciana y solicitaron que en una próxima reunión de la comisión comparezca el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, para que se confronten las versiones y se aclare «quién miente», como aseguró la diputada de la formación naranja, Maricarmen Peris.
En la defensa de su demanda de una nueva DIA, la diputada de Podemos Estefanía Blanes, aseguró que no se busca entorpecer la actividad portuaria y el desarrollo económico, sino que se pide la aplique «del principio de precaución». Coincidiendo con su compañera de gobierno, Carmen Robles, de Compromís, insistió en que el Consell debe cumplir con las leyes que aprueban Les Corts, como la Ley de la Huerta o el Pativel. «La economía es importante, pero la preservación del medio ambiente también», enfatizó Blanes.
Robles aseguró que la actual DIA sólo es válida para una tipología concreta de ampliación, la que se presentó en su momento y no con las modificaciones, «muy profundas», que se realizaron al retomarse el proyecto en 2015. En todo caso, pidieron retirar la exigencia de una actuación inmediata del Consell, ya que el pasado 6 de noviembre el Ejecutivo valenciano decidió la creación de grupos de trabajo para tratar el asunto.
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La diputada socialista, Mercedes Caballero, expuso en su intervención que la DIA está «jurídicamente vigente y no procede la PNL tal y como se presenta». Explicó que el proyecto se gestó en 2001 dentro del Plan Estratégico de la APV, cuya primera fase terminó en 2012. Además, siguiendo la explicación de la propia APV, reiteró que los cambios que se han aplicado al proyecto sólo afectan a la zona interior del Puerto y advirtió que la ampliación en 500 metros del dique de la ampliación que figura en el documento de sus socios de gobierno «no es del todo cierto», ya que son 50 metros.
La socialista insistió en que el proyecto es compatible con la legislación actual y los acuerdos internacionales de defensa medioambiental. «El grupo socialista parte del mismo supuesto de que Valencia tiene que ser una ciudad sostenible que ha de poder crecer respetando estos principios», aseguró Caballero.
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En ese sentido, recordó el anuncio hecho el lunes en Bruselas por el conseller de Política Territorial, Arcadi España, para financiar la renovación de la flota de camiones portuarios que no usen carburantes sólidos y la instalción de una subestación eléctrica en el Puerto que permita apagar los motores de los barcos cuando estén atracados. Aseguró que todo ello genera el 40% de la contaminación de la ciudad.
Por su parte, el popular Miguel Barrachina exigió que los socialistas valencianos se pusieran de acuerdo con el PSOE en el gobierno central y con sus socios en la Generalitat. «Que un mismo Consell no esté de acuerdo consigo mismo explica el desplome inversor y el crecimiento del desempleo. La caída de la inversión de hoy es el desempleo de mañana», aseguró. Además, está convencido de que la situación empeorará hasta que «Compromís y Podemos consigan que la Ford desplace sus coches a otros lugares», en referencia a las exportaciones, entre las que predijo un mal futuro a las ventas citrícolas al exterior si se tienen que encarecer con la salida a través de otros puertos.
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«Hay que conciliar el desarrollo de estas infraestructuras con la vida de los ciudadanos», insistió, aunque también destacó que «no hay valentía política para decir desde el Consell que no se quieren inversiones multimillonarias que permitirían que miles de valencianos trabajaran en la ampliación y miles de exportadores pudieran trabajar para sacar un mejor precio».
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