Cevisama arranca a medio gas por la crisis energética y en pleno bloqueo de las ayudas

Ilusión no exenta de incertidumbre. Esa era la atmósfera que se respiraba en la presentación de la esperada 39 edición de Cevisama, el certamen del azulejo y la cerámica que siempre ha sido insignia de Feria Valencia y que resurge tras tres años de parón. Ilusión por esta última razón, porque el certamen estrella vuelve a celebrarse después de que en 2021 se suspendiera debido al Covid-19 y en 2022 por el impacto de la crisis energética. Por otro lado, la incertidumbre viene dada también por el encarecimiento del gas, que sigue dando coletazos y mantiene al sector en una coyuntura alarmante en algunos casos.

Precisamente, ese escenario es el que ha llevado a que esta edición no cuente con el mismo número de expositores y explica la ausencia de grandes marcas como Porcelanosa, Torrecid y Pamesa. En concreto, en la edición de 2019 se registraron 800 expositores mientras que en la de 2023 están en torno a 500. No obstante, los flashes de las cámaras sobre el séquito de autoridades políticas y económicas que acompañaba a Ximo Puig en su tradicional paseo inaugural daban buena cuenta de la expectaión que generaba la cita, que otros años ha supuesto un tercio de la facturación de Feria Valencia.

«Es un entorno complicado. Desde el Ivace como desde la propia feria se ha hecho una inversión de más de un millón de euros que se traduce en que hay mil agentes que van a venir a Cevisama para comprar azulejo de la Comunitat para afianzar Cevisama. Es una feria que no puede desfallecer y va a contar con todo el apoyo de la Generalitat porque la feria no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para mejorar la competitividad de los sectores productivos de la Comunitat», aseguró Puig a preguntas de los periodistas.

El incierto horizonte económico al que se enfrentan numerosas empresas gasintensivas se agrava ahora por la dificultad de acceder a las ayudas del Gobierno, de 450 millones de euros, debido a que la nueva Ley General de Subvenciones impide conceder la subvención a las compañías que tarden más de 60 días en pagar a sus proveedores.

«Efectivamente en momentos de crisis, las empresas no pueden pagar en 60 días», indicó Puig, quien solicitó al Ejecutivo de Sánchez una moratoria de esta nueva ley para facilitar que lleguen las ayudas al tejido productivo cuanto antes. «Por eso estamos viendo una solución intermedia. Estamos negociando con Ascer la concesión de unos préstamos bonificados», anunció Puig. Se trataría, según explicó, de unos créditos de 50 millones de euros que se sumarían a los otros 50 que ya están disponibles en el IVF. En concreto, contarían con un tramo no reembolsable del 5 %, en el caso de financiar capital circulante, y del 10 % para la financiación de operaciones de inversión, y además tendrían un tipo de interés por debajo del mercado.

La Generalitat tenía el compromiso de conceder 50 millones de euros en ayudas directas, pero la ley estatal no permite la concesión de éstas, según explicó Puig. «El problema es que en estos momentos la dificultad de presentar una auditoría positiva en ese sentido impide la llegada de ayudas. Por eso buscamos un plan B, que es subvencionar créditos», indica el presidente de la Generalitat, que explica que esos 50 millones de euros directos eran independientes de los 450 millones del Estado.

«De esta manera, y mientras se sigue reivindicando una excepción en la aplicación de la nueva ley, se pondría a disposición de un sector clave para la economía valenciana la liquidez necesaria tanto para el circulante como para inversiones», añadió.

La medida anunciada por Puig no acaba de convencer al sector azulejero, representado por la patronal Ascer. Su secretario general, Alberto Echavarría, respondió este lunes de manera contundente a los periodistas: «No queremos créditos. Un préstamo es un préstamo. Lo que necesitamos son ayudas». En ese sentido, indicó que la propuesta de la Generalitat «no es la solución» ante un escenario como el actual.

«¿Que ellos están buscando fórmulas para que se pueda dar algo de dinero y oxígeno al sector? Sin duda. ¿Que tienen la mejor de las voluntades? Sin duda. Lo lamentable es que el Gobierno de la Comunitat Valenciana tenga que estar buscando alternativas porque el Gobierno estatal no lo quiere hacer», afirmó Echavarría, que recuerda que la industria cerámica y azulejera sufre una caída del 15% de la producción y del 13% de las exportaciones. «Así no estamos en condiciones de devolver ningún préstamo», agregó.

Echavarría destacó que el Ministerio de Industria sabe que el periodo medio de pago proveedores en el segundo trimestre del año fue de 95 días en España. «El Gobierno es plenamente consciente de lo que hay», agregó y afirmó que van a «luchar» por esas ayudas.

Al mismo tiempo, indicó que Ascer está en contacto «habitual» con Industria y que son «otras partes del Gobierno» las que no quieren modificar los requisitos. «Entienden nuestra situación y ven el potencial riesgo que hay. No se pueden dar estas ayudas, ni las de I+D+i, ni los PERTE. Nada», denunció.

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