Puig recuerda a sus socios que los técnicos «y no los políticos» deben avalar la DIA del puerto

El proyecto de la ampliación norte del puerto de Valencia volvió ayer a ser protagonista en Les Corts, en concreto en la sesión de control al presidente, Ximo Puig, ya que sus socios en el Botánico escenificaron, con la fórmula de las preguntas, el rechazo a las obras de la nueva terminal que va a ejecutar la Autoridad Portuaria de Valencia, de las que pidieron, una vez más, su paralización, como hiciera también el miércoles el alcalde, Joan Ribó.

El jefe del Consell, que reconoció la existencia de una emergencia «sanitaria, económica y climática», se enfrentó a Compromís y Podemos y les recordó que en el tema de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) «son los servicios jurídicos del Estado y no los políticos quienes avalan la vigencia». Hacía referencia al informe emitido por Puertos del Estado, que respalda la evaluación ambiental realizada en 2007 como paso previo a la primera fase de las obras (ejecutadas en 2012, como también apuntó ayer Puig).

En su intervención, aseguró que el desarrollo del puerto «no debe ser a cualquier precio», sino de manera «ordenada», por lo que hay defender «el interés general». Eso sí, a su juicio, el debate tiene que hacerse «sin maniqueísmos y con rigor» (reflexión que realizó por segunda vez en menos de una semana), momento en que aprovechó para recriminar a Compromís los datos incorrectos facilitados sobre el puerto de Castellón.

No obstante, sí que se preguntó «de qué manera es posible el puerto del futuro», que debe cumplir «estrictamente» la normativa e «integrar la ciudad y el área metropolitana». En este sentido, hizo hincapié en que es posible combinar sostenibilidad con crecimiento y generación de empleo.

Fue el turno de recordar las inversiones portuarias en el parque de Desembocadura o en la prolongación de la línea 10 de metro, además de anunciar que la Autoridad Portuaria de Valencia aportará 15 millones de los 50 con que estará dotado un plan extraordinario de defensa del litoral que el Consell va a poner en marcha.

Además, el jefe del Consell apeló al papel del puerto como «pilar fundamental» para la economía valenciana, ya que 40.000 familias viven de él y 23.430 empresas lo utilizan como salida para sus productos y vía de internacionalización, especialmente sectores como el cerámico, agroalimentario y automoción. Por ejemplo, Puig recordó que el 70% de las exportaciones de Ford pasan por el puerto, por lo que parte de la competitividad de la factoría de Almussafes está vinculada al recinto portuario. «No creo que aquí nadie quiera acabar con las playas ni con la Albufera», les reprochó Puig.

En su intervención, el síndic de Compromís, Fran Ferri, aseguró que esta decisión «trascendental», en referencia al proyecto portuario, «marcará el destino de la ciudad y sus ciudadanos», al tiempo que lo comparó con las movilizaciones en defensa del cauce del Turia para evitar que fuera una autopista o por la protección de El Saler. Insistió, además, en la paralización de la ampliación y en el desmontaje de los diques ya construidos.

La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, interpeló al presidente por «la coherencia» de declarar la emergencia climática y, al mismo tiempo, permitir una ampliación para convertir el puerto «en un macroalmacén de contenedores que favorece a una multinacional».