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La campaña impulsada por los empresarios turísticos de Hosbec y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha sacado a relucir las reticencias de muchos dirigentes del socialismo valenciano, que tienen sus dudas sobre la aprobación de un impuesto que negocian en Les Corts tras el ... empeño de Compromís y Unidas Podemos. El primero de ellos es nada menos que Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV.
Las últimas declaraciones en público del jefe del Consell han vuelto a rebajar las expectativas de sus socios. Ha señalado que, en lo que respecta a su persona, «no es una prioridad en absoluto». «En estos momentos la gran prioridad de la agenda valenciana es la superación de la pandemia y la recuperación económica y social, esa es la gran prioridad», ha sentenciado.
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En el PSPV, que durante años ha tratado de aplazar este debate que cada poco tiempo revivían sus socios, existe la sensación de que, en parte, el sector turístico tiene razón en una de sus demandas, que no es el momento más adecuado para impulsar la iniciativa. Un grupo de dirigentes la secundan porque es una realidad que el turismo no se ha recuperado de la pandemia y que, por ejemplo, 2021 se ha cerrado con menos de la mitad de los 9,5 millones de visitantes internacionales que eran habituales, tal y como evidencian los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El político que siempre ha aireado más sus críticas es Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo. Siempre se ha encontrado en contra de la medida y ha respaldado públicamente a los empresarios en su plataforma contra el impuesto pese a que, formalmente, no ha firmado. Sin embargo, el gesto ahí está aunque desde el Consell representantes como la vicepresidenta Mónica Oltra consideren que esto se debe tan solo al «sentido de la empatía» de uno de los miembros del segundo escalón del Ejecutivo.
En el grupo socialista de Les Corts han terminado por ceder una vez Compromís y Unidas Podemos han cambiado su estrategia y han pasado a apostar por un impuesto sin tramos autonómicos y que dependería únicamente de los ayuntamientos con importes de, como mucho, dos euros diarios.
Aquí ha sido cuando han saltado los dirigentes locales del partido, que tampoco quieren quedar como los que van a implantar el impuesto. La voz más crítica ha sido la del alcalde de Cullera y diputado provincial, Toni Mayor, que cree que ni es el momento ni va a beneficiar al sector. Una posición que comparte el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, o José Vicente Arques, primer edil de Alfàs del Pi y diputado en Les Corts.
Desde el PSPV siempre se ha dicho que su objetivo es negociar esta tasa con el sector pero el hecho de que los empresarios la rechacen sin ningún tipo de matices complica que puedan apoyar una medida sin consenso.
De forma paralela prosiguen las negociaciones en Les Corts que también avalan tanto Puig como Oltra pero se llevan con discreción para no levantar más ampollas. En algún momento u otro el PSPV deberá mojarse.
Por su parte, la campaña contra la tasa sigue ganando adeptos. Ciudadanos ya se ha sumado a la iniciativa y en el portal ya se rozan las 2.000 firmas y cada vez más asociaciones respaldan la iniciativa.
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