Más de 160 pymes valencianas se juegan su patrimonio con el atasco en la fotovoltaica

Y es que, el anuncio que hizo este jueves el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de aprobar una «importante batería de nuevas autorizaciones» para plantas fotovoltaicas no acaba de convencer a un sector escéptico y cansado de escuchar medidas que no acaban de solucionar el colapso administrativo. «Ya tuvimos anuncios similares en el pasado que prometían un desatasco de los expedientes. No es momento de retórica. Hasta que no lo veamos en el DOGV no respiraremos tranquilos», explica el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz, a LAS PROVINCIAS.

Ahora mismo hay 160 empresas valencianas, pequeñas y medianas, que se están «jugando su integridad patrimonial», tal y como advierte Lacruz. Este retraso en los plazos puede derivar en una ejecución de los avales de los proyectos, algo que «muchos balances no soportarán», advierte. En concreto, el aval son 40.000 euros por megavatio y una planta fotovoltaica tramitada por la Generalitat puede alcanzar hasta los 50 MW.

Aquellos proyectos que no cuenten con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva antes de que acabe el año, tal y como establece el decreto estatal 23/2020, pueden perder el aval y hasta el derecho de punto de conexión. «No veo otra alternativa que no sea la aprobación de resoluciones en cascada», indica Lacruz, quien tilda de «preocupante» esta situación para las firmas que «han apostado por su tierra en lugar de invertir en otras regiones».

Ese decreto estatal establece un plazo máximo de dos años para que un proyecto se resuelva y en la Comunitat hay proyectos pendientes desde antes de 2020. Estos retrasos han sido objeto de disputa interna en el Consell, a raíz de las críticas vertidas por la recién exconsellera de Agricultura Mireia Mollà sobre las otras dos consellerias implicadas en la tramitación de expedientes, Política Territorial y Economía, a las que culpó del bloqueo administrativo.