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Un nuevo retraso en el cambio normativo necesario para reestructurar Feria Valencia y hacerla viable, que el Consell esperaba tener listo en otoño de 2016, complica seriamente la culminación del proceso en la presente legislatura.
El atasco en la tramitación de los decretos de Hacienda, para asumir la deuda de mil millones por las obras de ampliación de Feria y los setenta millones de la Institución Ferial Alicantina (IFA), y de Economía, para declarar las ferias de interés autonómico y que la Generalitat pueda organizarlas, directa o indirectamente, hará que Les Corts convalide ambos textos, como pronto, a finales de enero de 2018. De ser así, quedaría poco más de un año de legislatura para culminar la refundación pactada en mayo de 2016 y que sus responsables preveían tener lista a lo largo del presente ejercicio.
Esa tramitación arrancó en julio, con un año de retraso y sin resolver las discrepancias entre los consellers Vicent Soler (PSPV) y Rafael Climent (Compromís) sobre si la futura gestora del negocio será mayoritariamente pública o privada -como se anunció inicialmente-. Poco después de que ambos posaran para la foto que acompaña a este texto junto al presidente de Feria Valencia, José Vicente González, y el alcalde Joan Ribó, el proceso se interrumpió para asumir también la deuda del recinto alicantino, como reivindicaba Climent, y tras el enésimo desencuentro entre ambas consellerias, ambos decretos debían aprobarse el viernes 15 en el pleno del Consell.
No obstante, ese punto cayó del orden del día en la víspera, cuando desde Hacienda se comunicó a Economía que faltaba el acuerdo del Patronato de IFA sobre la hoja de ruta que ahora le incluye, similar al visto bueno que se dio desde Valencia.
Según explicaron a LAS PROVINCIAS fuentes conocedoras del proceso, se convocó una reunión de urgencia del Patronato de IFA para subsanar ese fallo y poder incorporar el documento al decreto modificado por Hacienda para que la Generalitat haga suya la deuda de ambos recintos feriales.
Si no hay nuevos contratiempos, el Consell podría dar el visto bueno a ambos decretos en una de las dos reuniones que le quedan antes de final de año y la pelota pasaría entonces al tejado de Les Corts, que debe convalidarlos en el plazo de un mes y celebrará su primera sesión plenaria de 2018 el 24 de enero.
De momento, lo que sí autorizó ayer el Gobierno valenciano fue la aportación de 19 millones en 2018 para la financiación del Plan de Modernización de las Instalaciones de Feria Valencia, como realiza cada año para su posterior inclusión en el Presupuesto de la Generalitat.
Y así seguirá la historia mientras no se complete la hoja de ruta pactada por la Generalitat, Feria y el Ayuntamiento de Valencia hace más de año y medio, que también prevé la disolución del Patronato y la designación de una comisión gestora, así como el diseño de un cuaderno de venta y un plan de negocio. Cuando concluya la tramitación normativa, será el momento de iniciar el diálogo competitivo con los operadores privados interesados en participar en la futura gestora del negocio, todavía sin saber si tendrían el control o no, ya que desde la administración se insiste en que esa controvertida cuestión dependerá también de las ofertas que reciban.
Esa búsqueda de socios privados, con la elaboración del pliego de condiciones pertinente, estaba prevista para el verano de 2016 pero, si todo va bien, llegará dos años después. Y aún quedaría pendiente la constitución de una sociedad mixta, el rescate de la concesión municipal y la adjudicación de una nueva a la Generalitat. Mientras espera a que el Consell cumpla su parte, Feria Valencia está negociando un ERE para 63 readmitidos por decisión judicial que, previsiblemente, también pagará la Generalitat.
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