Una relación marcada por la judicialización de las tarifas

La relación entre las empresas adjudicatarias, agrupadas en la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova), y el Consell no es buena desde hace años. Las firmas que dan el servicio de la ITV ya se enfrentaron en los tribunales al Ejecutivo autonómico que presidió Alberto Fabra pero desde la llegada de los partidos de izquierda la relación se ha deteriorado aún más.

Aecova ganó en 2018, con la ratificación del Tribunal Supremo de la sentencia de un año anterior, la batalla judicial que inició con el Gobierno autonómico del PP por imponer una bajada de precios. Entonces, la Conselleria de Economía liderada por Rafael Climent aprobó días después unos nuevos precios que eran prácticamente idénticos. Este movimiento llevó a que las adjudicatarias volvieran a interponer un recurso que fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En enero de 2020, el TSJCV dio la razón a Aecova y volvió a anular las tarifas del Consell al considerar que el propósito de la nueva norma era incumplir la sentencia de 2017. Pero como el auto podía recurrirse a una instancia superior la Conselleria de Economía, tal y como hizo años antes, volvió a pedir la opinión del Tribunal Supremo, que aún está pendiente de pronunciarse. El tribunal debe decidir si vuelve a anular los índices, lo que supondría un importante revés para la Generalitat.

Las empresas alegan que esta decisión les ha llevado a dejar de ingresar en torno a 90 millones de euros y por ello reclaman una compensación patrimonial por esa cantidad.

Otro conflicto abierto entre Aecova y el Ejecutivo autonómico y relacionado con las tarifas de las ITV es el debate sobre la sonometría. Esta prueba sobre el ruido incrementaba el coste y era considerada innecesaria por parte del departamento de Climent, que había pedido con insistencia durante años que la Conselleria de Medio Ambiente diese el visto bueno para eliminarla, lo que ocurrió tras la sentencia de principios de año. El problema es que una vez más se encontraron con el rechazo de Aecova y también con los sindicatos, que temían que se perdiesen empleos.