Las renovables piden a la Generalitat «que no se relaje» aunque se amplíen plazos

«Sí, es una buena noticia, aunque aquí esperamos que esto no sea una fuente adicional de relajación administrativa, porque no se ha movido nada en meses», expresa el presidente de la asociación de empresas de energías renovables de la Comunitat Valenciana (Avaesen), Marcos Lacruz. Cabe recordar que en lo que va de año, sólo se ha conectado un parque fotovoltaico a la red, ubicado en Castellón y considerado el más grande de la provincia hasta ahora.

En concreot, el Gobierno ha acordado modificar los hitos de la tramitación administrativa que deben cumplir los nuevos proyectos de energías renovables, que estableció el Real Decreto-ley 23/2020, concediendo hasta ocho años para obtener la Autorización Administrativa de Explotación. El Consejo de Ministros acordó este miércoles incrementar seis meses, hasta los 49 meses, el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Construcción del proyecto. Así, los promotores podrán prolongar desde los cinco hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación; para lo que sólo tendrán que indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante.

Asimismo, el plazo total máximo de tramitación para los parques eólicos marinos y los bombeos hidroeléctricos pasa a ser de nueve años. Según explica Lacruz, estos tres años más para la conexión final es uno de los logros más importante, ya que, aparte de dar más holgura a las empresas a la hora de tramitar los proyectos y poder financiarlos, puede evitar un embudo a corto plazo que dé lugar a una concentración de la demanda de materiales.

Tal y como advertía Lacruz, el problema no residía solamente en encontrar componentes a un precio competitivo, sino en contratar al personal necesario para la instalación. «Hacen falta electricistas, estructuristas, albañiles, ingenieros, grúas...y habrá problemas porque todos los necesitarán al mismo tiempo porque el plazo para construir es de dos años», indicaba cuando el plazo era de 24 meses para construir y realizar otras labores como refuerzos de la red y la conexión.

Ahora, con esta ampliación de tres años, el sector respira más aliviado, aunque no por ello deja advertir que la lentitud administrativa no se ha resuelto todavía. Por lo pronto, el hito del 25 de enero deja de ser una fecha urgente, ya que los propyectos podrán contar con seis meses más.

Por su parte, la Generalitat aunció hace unas semanas «un plan de choque» para acelerar la gestión de los expedientes de renovables, que ascienden a más de 300 según los últimos datos de la Conselleria de Industria. En ese plan se contempla la colaboración con colegios de ingenieros para que se encarguen de la fase inicial de la tramitación, además de simplificar la burocracia.

Incorporación ordenada

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicó que con esta modificación también se propicia «una incorporación ordenada» de las nuevas instalaciones que aumente la visibilidad de la senda para cumplir los objetivos nacionales de producción de energía limpia fijados para 2030 y beneficiar más a toda la economía en un contexto de creciente electrificación.

Precisamente, el sector de las renovables llevaba tiempo solicitando esta nueva prórroga en los hitos administrativos, ya que consideraba prácticamente imposible alcanzar el plazo legal de tener en marcha cientos de proyectos para mediados de 2025, un plazo aún más irrealizable para la Comunitat.

Por otra parte, el Gobierno también acordó que el 10% de la capacidad de todos los nudos de la red de transporte de electricidad reservada para celebrar concursos de acceso se reserven también para garantizar la evacuación de los excedentes de las instalaciones de autoconsumo. Asimismo, se facilitará el acceso a los fondos para autoconsumo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con modificaciones puntuales en el Real Decreto 477/2021, habilitando a las comunidades autónomas (encargadas del reparto de fondos territorializados) a reducir la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación.