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VALENCIA
Jueves, 2 de abril 2020
El Consejo de Ministros prevé aprobar una renta mínima vital transitoria para paliar el impacto económica de la crisis entre los sectores más desfavorecidos. Se trata de una medida que fue acordada por PSOE y Podemos en su día para formar el Gobierno de coalición, pero con la que se manejan cifras dispares.
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La renta mínima vital es un ingreso mínimo asegurado para las personas que hayan quedado al margen de los paquetes de ayudas aprobados hasta ahora para hacer frente a la crisis ocasionada por el coronavirus. Inicialmente formaba parte del programa de coalición que firmaron en enero PSOE y Unidas Podemos, pero su puesta en marcha se ha precipitado por las tremendas consecuencias socioeconómicas del desastre sanitario, cuya profundidad se da por descontado que superarán a las de la crisis económica de hace una década. Hasta alguien tan defensor del rigor presupuestario como el exministro de Economía y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, defiende la implantación de una «renta mínima de emergencia».
Los datos públicos no son concretos y se han manejado diferentes cifras, hoquillas y escenarios. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mencionó en una ocasión que sería del orden de los 400 euros mensuales, lo que supone que el coste para las arcas públicas oscilaría entre los 3.000 y 5.000 millones de euros en función del periodo de vigencia de la renta.
Hace unos meses, Podemos dio datos concretos en su último programa electoral: sería un ingreso básico garantizado de cerca de 600 euros al mes que se podría incrementar hasta 1.200 euros en función del número de personas que componen el hogar.
Los últimos datos que se manejaban eran más concretos: 580 euros al mes para familias con un hijo a cargo y de 858 euros para aquellas con tres personas a cargo.
En aquel programa electoral Podemos aumentaba el ingreso vital hasta los 2.000 euros al año para situaciones de pobreza severa y que se iniciaría de manera urgente con 600 euros al año para familias en riesgo de pobreza, con un incremento del 50% para familias de una sola progenitora o de un solo progenitor. Además, la formación morada planteaba una «prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que llegará a los 1.200 euros al año de manera universal».
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, calcula que beneficiaría a «más de cinco millones de personas», aunque se desconoce el alcance exacto de la medida en la actualidad y la capacidad de las arcas públicas para expandirlo a los necesitados tras la crisis económica provocada por el coronavirus.
El segmento que se beneficiaría, apuntan desde la Vicepresdiencia de Asuntos Sociales, sería el de los que «no tienen rentas» o son muy bajas y no se han podido acoger a ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno en lo referido a las moratorias del pago de alquileres o las regulaciones de empleo.
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