El alcalde de Valencia, Joan Ribó, busca aliados en su rechazo a la ampliación norte del puerto. El primer edil se reunirá la semana que viene con asociaciones de vecinos, entidades sociales y ecologistas que buscan «otro modelo de relación ciudad-puerto» en pleno debate sobre las obras y ante la posición favorables del PSPV, sus socios de gobierno en el Consistorio.
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Ribó ha enviado una carta a la Comissió Ciutat Port, a la Federación de Asociaciones de Vecinos, a Litoral per al Poble, a Acció Ecologista-Agró, a Ecologistes en Acció, a Per l'Horta, a Fridays for Future y a las asociaciones de vecinos de Nazaret, La Unió-La Punta, Grau, Cabanyal y Malvarrosa en la que les emplaza a una reunión esta semana «ante las últimas noticias que nos han llegado desde Puertos del Estado y la Autoridad Portuaia de Valencia», según indica la misiva a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.
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En el texto, el alcalde se reconoce «preocupado» por los efectos de la ampliación en Valencia «si avanzan sin garantías medioambientales o de movilidad sostenible». «Me gustaría tener una reunión con representantes de entidades vecinales y ecologistas que activamente estáis defendiendo otros modelos de relación ciudad-puerto», dice el primer edil. Esta misma semana, Compromís anunció estas reuniones, pero lo hizo a través del partido: «Compromís iniciará una ronda de reuniones con las diferentes asociaciones de vecinos de los barrios más afectados por la ampliación». Además, apuntó que representantes de la coalición «mantendrán reuniones también con todas las plataformas ecologistas».
A esos encuentros se ha apuntado el mismo alcalde, cuyo partido anunció también que se personará en los tribunales contra la ampliación. «El objetivo es evitar una trágica pérdida y desaparición de las playas de la ciudad de Valencia, así como un tráfico pesado de camiones excesivo, un sacrificio demasiado grande que requiere, como mínimo, una nueva Declaración de Impacto Ambiental; ya que la actual es de 2007», aseguraban desde el partido de Ribó esta misma semana en un comunicado.
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a. cervellera/i. domingo
Las obras del puerto se han convertido en un nuevo punto de fricción entre Compromís y PSPV, tanto a nivel autonómico como en el mismo Consistorio. La vicealcaldesa y portavoz socialista municipal, Sandra Gómez, lamentó que «se está haciendo política de un trámite administrativo desde hace un año». «La ampliación está casi hecha [la primera fase concluyó en 2008], ahora es momento de exigir compensaciones por los efectos adversos de la actividad portuaria», dijo.
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El debate político sobre la ampliación del puerto de Valencia se mantuvo este fin de semana con el PP como protagonista. Isabel Bonig, presidenta de los populares valencianos y portavoz en Les Corts, anunció que su formación ha registrado una iniciativa parlamentaria para pedir al Consell «que respete y acate» los informes jurídicos que avalan la obra y que se dirija a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para que impulse todos los trámites necesarios para llevar a cabo la finalización de la terminal norte.
Bonig define el puerto como una infraestructura «estratégica para la ciudad de Valencia, un polo de creación de empleo, riqueza y competitividad que repercute directamente en la sociedad valenciana». La presidenta del PP en la Comunitat quiso recordar que en un momento en que la ciudad de Valencia y la autonomía están sufriendo las graves consecuencias económicas provocadas por el coronavirus, con cifras de paro que superan los 447.000 desempleados, de ellos más de 67.000 en la ciudad de Valencia, «desde las instituciones valencianas no se puede obstaculizar inversiones privadas generadoras de puestos de trabajo, como es este proyecto».
En la iniciativa también se pide un apoyo «expreso» de Les Corts a la ampliación del puerto como elemento estratégico para la economía valenciana, lo que obligará a posicionarse al PSPV, que apoya la propuesta, y Compromís y Podemos, que la rechazan. Además, Bonig reiteró le necesidad de que el Consell capte fondos europeos para llevar a cabo un plan integral de regeneración de la costa al considerar que este es el argumento que se utiliza para tratar de frenar un proyecto y que puede tener una solución.
La respuesta de los socialistas no se hizo de esperar. El síndic del grupo parlamentario en Les Corts, Manolo Mata, apeló a la «prudencia, al sosiego y al diálogo como únicos elementos para afrontar un tema como la ampliación del puerto» y pidió «huir y evitar la polarización en la que siempre está instalado el PP porque declaraciones como las de Bonig no ayudan en esta situación». De esta manera, aseguró que «al Consell no hace falta que nadie le diga que tiene que atender los criterios técnicos porque esos son los únicos criterios que pueden dar luz» y añadió que «la declaración de ambiental ya ha sido validada y aprobada por los criterios jurídicos de Puertos del Estado». «Es necesario conseguir un compromiso de todas las administraciones para solventar esta situación», sentenció.
Por ello, reivindicó al Ministerio de Transición Ecológica un «plan serio» de regeneración para las playas del sur de la ciudad para «paliar» los «posibles efectos» de la ampliación que, además «vaya más allá de poner arena en las playas una vez al año». Es una postura más tibia que la del primer edil, que criticó el escaso peso que la ciudad tiene en el consejo de administración del Puerto, donde él es el único representante de Valencia. De hecho, su voto fue el único en contra de la adjudicación a la empresa TIL de la concesión de la nueva terminal de contenedores. «Así no. El Ayuntamiento de Valencia debe velar por el bienestar de su ciudad, por el económico, por supuesto, pero también por el de todos sus barrios y su ciudadanía. Si no es así, conmigo que no cuenten», remarcó el alcalde.
Hasta la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se mostró contraria a la ampliación, aunque el pasado viernes rebajó el tono en el debate tras una semana marcada por la confrontación entre los partidos del Botánico y en la que ella misma calificó el proyecto de «casino especulativo de cuatro poderosos que no tienen nada que ver con nuestras empresas». Tras el pleno del Ejecutivo valenciano, Oltra consideró que es «precipitado» hablar de «división» en el Ejecutivo y no quiso valorar que tres de los cuatro partidos que lo sustentan hayan anunciado que presentarán o se sumarán a acciones judiciales al respecto.
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