Sanciones de hasta un millón de euros por comprar a pérdidas a los agricultores

Ante esta realidad, varios expertos del mundo agrario y jurídico manifestaron este viernes la necesidad de que el Gobierno haga cumplir la ley, así como introducir más recursos y figuras que garanticen un buen funcionamiento de la cadena, tal y como reclamaron en la jornada ‘Análisis del funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria’, organizada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Asociación de Operadores de Variedades Vegetales (ASOVAV) en la Universitat de València.

Tal y como explicó Javier Plaza, catedrático de Derecho Civil, la responsabilidad de fijar un precio en origen de recaer en el propio productor, en colaboración con las asociaciones. «En ese sentido la universidad pública está en disposición de ayudar y asesorar. La Universitat de València puede diseñar un método objetivo para cuantificar un precio. Es algo que tendría que haberse hecho ya pero aún está pendiente, pese a que la reforma de la ley fue en 2021», señaló.

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«Para mí, lo más importante, que no está en la ley pero es esencial, es que exista un mecanismo de resolución amistosa que sea ágil y específico en caso de incumplimiento del contrato», agregó Plaza, quien insiste en que esta vía permitiría evitar ir a los tribunales, donde no habría una respuesta hasta los seis años entre recursos de apelación y casación. Por ello, insistió en la idea de un sistema de arbitraje y conciliación.

Por su parte, el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, declaró que el reparto de beneficios «debería ser» un tercio para cada eslabón de la cadena: productor, transformador y vendedor. «Si no nos movemos en esos equilibrios, la cadena no funciona. No valen excusas: los productores tienen que saber lo que cuestan las cosas, incluido todo el mundo cooperativo. Y la ley tiene que dar seguridad a un sector que está clamando por una rentabilidad digna», sentenció.