La nueva ley del alquiler del Consell abre la puerta a multar a cualquier propietario

Pese a que el decreto goza de un amplio respaldo por parte del sector inmobiliario al contemplar la movilización de inmuebles vacíos, lo que permitirá abaratar los precios y atajar la emergencia habitacional de la Comunitat, hay un aspecto del mismo que ha despertado las alarmas entre los expertos.

«La parte que más nos preocupa es la del acoso inmobiliario porque no sabemos aún cómo se aplicará, dependerá de cómo se interprete la norma. Puede ser arbitrario debido a la falta de definición», explica el vicepresidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Comunitat Valenciana (Coapiv), Vicente Díez.

En concreto, la Conselleria de Vivienda indica que este acoso inmobiliario es un concepto que engloba situaciones como que el propietario no acepte el pago del alquiler, que corte suministros para echar al inquilino o que el dueño se niegue a realizar las reformas pertinentes solicitadas por el arrendatario.

«Está claro que hay casos flagrantes, como los de los fondos buitre, pero este concepto de acoso inmobiliario hay que hilarlo muy fino. Hay que ir con cuidado porque puede espantar a los propietarios», agrega el portavoz de Coapiv.

Por su parte, el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, asegura a este periódico que la mayoría de las prácticas abusivas las perpetran grandes propietarios, concretamente fondos buitre. «Se tiene que justificar una práctica reiterada. El inquilino podrá demandarlo y los agentes inmobiliarios podrán hacer de mediadores y avisar de cuando se den casos», explica.

El registro de grandes propietarios es una de las herramientas más ambiciosas de la Conselleria de Vivienda para poder controlar a los fondos que especulan con inmuebles vacíos. Este registro se regula a través del decreto 130/202, aprobado en octubre de 2021, pero su idea se remonta a 2017, cuando se dio luz verde a la Ley por la Función Social de la Vivienda, bajo la conselleria de Maria José Salvador, la cual contemplaba la creación de este registro y la intervención sobre viviendas deshabitadas.

El registro de grandes tenedores va un paso más allá del registro de inmuebles vacíos, en marcha desde 2022. En concreto, pretende controlar a los propietarios con más de diez inmuebles para que den salida a los pisos y casas que lleven más de un año vacíos. «Algunos de estos propietarios son fondos o empresas que tienen sede en otros países y a los que nos cuesta localizar, por ello este registro es importante, para permitirnos tener un control y una comunicación constante», cuenta Aguilar.

Este sistema de control sobre grandes propietarios tiene como objetivo, según Aguilar, tener una imagen clara del gran tenedor en la Comunitat para poder aliviar los precios del mercado. «Lo que perseguimos con este decreto ley es regular de una forma más concreta la actividad de los grandes tenedores, que cada seis meses deben comunicar el estado de sus inmuebles. De este modo, se cumple la función social de la vivienda pero, también, se fomenta la actividad inmobiliaria, lo que beneficia al empresario. No obstante, tiene que ser a precios asequibles para que se cumpla esa función», cuenta.

Las multas coercitivas serán equivalentes al precio mensual de un alquiler de una vivienda de protección pública de los mismos metros. Las sanciones por infracciones graves van desde 10.000 a 350.000 euros y las muy graves van desde 350.000 a 950.000 euros. «En caso de que la infracción muy grave sea reiterada pues entonces la multa será millonaria», señala Aguilar.

Por otro lado está el registro de viviendas vacías, que no pone el foco sobre el propietario sino sobre el mercado. Actualmente, hay cerca de 400 inmuebles en esta situación en la Comunitat, según datos de la conselleria. En concreto, esta herramienta está en vigor desde octubre de 2022, un año después de que se aprobara el decreto 130/202. Sin embargo, no será hasta marzo cuando la Generalitat pueda sancionar a los propietarios que mantengan sus pisos y casas vacíos, ya que deben pasar seis meses desde de que la Administración les comunica la declaración de inmueble deshabitado.